Las comunidades rechazan cualquier paso atrás en el sistema autonómico convencidas de que el actual modelo de Estado ha permitido el desarrollo económico y social del país, aunque ven necesarios algunos ajustes, sobre todo para evitar duplicidades, y mayor coordinación con la administración central. Esta es la opinión de la mayoría de los gobiernos regionales en respuesta a manifestaciones como las del expresidente del PP, José María Aznar, que cuestionó la viabilidad política y financiera del Estado autonómico, o la del vicesecretario de Comunicación de ese partido, Esteban González Pons, quien planteó un pacto que permita al Estado recuperar competencias.
Pero también han reaccionado a la advertencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el Ejecutivo actuará si los gobiernos regionales no cumplen con el control del gasto. En general, las comunidades rechazan una revisión a la baja del Estado autonómico, no están dispuestas a devolver competencias, ven indiscutible el papel que han jugado en la consecución de mayores cuotas de bienestar y reiteran su compromiso con la reducción del déficit público.
No obstante, el cruce de declaraciones de los últimos días sobre la revisión o no del modelo ha suscitado preocupación en muchos gobiernos, como el catalán, porque puede crear un estado de opinión "favorable a la recentralización". Además, su nuevo presidente, Artur Mas (CiU), replica, tanto al Gobierno como al PP, que Cataluña se defenderá ante sus "intentos armonizadores".
De "auténtico disparate" calificó el presidente canario, Paulino Rivero (CC), la posibilidad de "recentralizar" el Estado. Y si hay algo que revisar, el presidente navarro, Miguel Sanz, apunta: el funcionamiento de las diputaciones provinciales, que consumen "más recursos de lo que aportan"; el "excesivo" número de entidades locales; las televisiones autonómicas, que "desangran" los presupuestos, y las "embajadas" de las comunidades.
Las comunidades del PP han reiterado su "rotunda apuesta" por el sistema. Tanto el presidente valenciano, Francisco Camps, como el gallego, Alberto Núñez Feijóo, han atribuido las "disfunciones" en el sistema a la falta de coordinación por parte del Gobierno central. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre propuso hace algunas semanas un "gran pacto nacional" entre PSOE y PP para que se sepa "con claridad" qué competencias asume cada administración para evitar "despilfarros". "Corregir lo que está asentado y lo que, de alguna manera, todo el mundo ha interiorizado, supondría más una provocación y una situación de enfrentamiento", asegura el presidente riojano, Pedro Sanz.
Desde los gobiernos socialistas, el andaluz ha dejado claro que se opondrá a la pérdida de peso político de las autonomías, y el vasco ha defendido el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika y ha aseverado que no admitirá "recortes a la baja".
Mientras, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, ha considerado "viable" el modelo porque "está funcionando bien", aunque cree que se puede mejorar, sobre todo en coordinación. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, ha defendido el sistema, pero ve necesarios ajustes porque no está escrito en ningún sitio que haya que "multiplicar" todo por las diecisiete comunidades.
El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, ha calificado de "desatino" cuestionar el estado autonómico y el asturiano, Vicente Álvarez Areces, ha pedido que no se confunda la necesidad de controlar el gasto con un cambio de modelo.
Por último, el Gobierno balear se niega a "podar" el estado de las autonomías y a devolver competencias.
