La Generalitat mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña perderán su condición de asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación.

Con esta fórmula, el Govern "cumple con el real decreto que regula la condición de asegurado, pero va más allá, siguiendo la convicción de que la salud es un derecho de la ciudadanía y no depende de si se es beneficiario o no de la Seguridad Social", ha explicado hoy el conseller de Salud, Boi Ruiz, en una conferencia de prensa.

Según los datos del año 2010 aportados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en función de lo que establece el decreto del Gobierno, en Cataluña perderán la condición de asegurados a partir del 1 de septiembre unas 600.000 personas.

De éstas, 180.000 son inmigrantes sin papeles y el resto tienen la nacionalidad española pero son casos de personas con rentas superiores a 100.000 euros -que no están cubiertos según el decreto-, religiosos o algunos profesionales liberales o personas que simplemente deben actualizar sus datos de residencia.

Todos ellos tienen garantizada en Cataluña la atención primaria, las urgencias y la atención a las embarazadas, pero deberán regularizar su situación y pasar un evaluación del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) para acceder a la atención hospitalaria especializada, con el objetivo de evitar el turismo sanitario.

Sin embargo, los ciudadanos que en estos momentos están sometidos a un tratamiento lo podrán terminar aunque pierdan su condición de asegurados de la Seguridad Social a partir del 1 de septiembre.

Entre las 420.000 personas con nacionalidad española que tienen tarjeta sanitaria pero pierden la condición de asegurados, la regularización de su situación, que se debe realizar en el plazo de seis meses, se hará de forma prácticamente automática cuando pasen por el mostrador de un centro de atención primaria (CAP).

Una vez pongan al día sus datos de residencia recibirán un documento similar a la tarjeta sanitaria que les dará la misma cobertura integral del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), siempre que no mantengan un nivel de renta superior a 100.000 euros, ya que para estos casos el decreto les retira la cobertura sanitaria pública.

Por su parte, los inmigrantes sin papeles (unas 180.000 personas) que tengan tarjeta sanitaria deberán acreditar que hace más de tres meses que están empadronados y, en este caso, se les proporcionará un documento, únicamente válido en Cataluña, con el que tendrán acceso garantizado a la primaria.

A partir del segundo año de residencia acreditada, los inmigrantes podrán acceder a la atención especializada hospitalaria no urgente una vez se hayan realizado las pertinentes comprobaciones para descartar que no se trate de un caso de turismo sanitario.

Los recién llegados que lleven menos de tres meses empadronados en Cataluña tendrán derecho únicamente a lo que establece el decreto del Gobierno: urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años.

Cataluña es una de las comunidades autónomas que ya anunció que buscaría vías para mantener la asistencia a todas las personas independientemente de su situación cuando se publicó el decreto que vincula la cobertura sanitaria a la cotización para combatir, según el Ministerio de Sanidad, el turismo sanitario.

Asimismo, el conseller ha explicado que unos 750.000 catalanes consumen alguno de los fármacos del listado que el Estado dejará de financiar a partir del 1 de septiembre.