06 de septiembre de 2013
06.09.2013
Consejo de Ministros

Los amenazados por terrorismo podrán pedir ayudas

El Consejo de Ministros ha aprobado reglamento de la ley de víctimas del terrorismo con un año y medio de retraso

06.09.2013 | 09:18

El nuevo reglamento de víctimas del terrorismo, al que ha dado este viernes  luz verde el Consejo de Ministros, permitirá a los amenazados acceder a las ayudas, aunque tendrán que demostrar dicha condición.

Con un año y medio de retraso por razones que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de objetivos, el reglamento desarrolla la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las víctimas del Terrorismo de 2011, que ha tenido que ser retocada y que, por tanto, ha demorado la aprobación de la norma que concreta las ayudas.

La normativa incrementa las indemnizaciones por daños materiales a las personas que han sufrido un atentado, eleva el límite cuantitativo de las ayudas psicológicas y mejora la regulación de la atención educativa y psicopedagógica.

Por primera vez, ha destacado Fernández Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los amenazados por los terroristas recibirán también estas ayudas y podrán hacerlo con carácter retroactivo, como consecuencia de amenazas sufridas desde enero de 1960.

De este modo, podrán recibir ayudas para facilitar el traslado de localidad, por abandono de vivienda, por gastos de escolarización, por tratamiento psicológico y para reinserción laboral.

Según el ministro, el reglamento "cierra" la puerta a la percepción de ayudas por parte de los terroristas, ha contado con la opinión de las asociaciones de víctimas y ha significado "un paso firme y decidido" para consolidar a España como referente en esta materia.

Inspirado en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad, el reglamento, ha dicho Fernández Díaz, pretende servir para construir "el único relato posible del precio del terror".

Será el departamento de Interior la "ventanilla única" a la que deberán dirigirse las víctimas para solicitar estas ayudas y agilizar así su gestión.

Con esta normativa, las víctimas podrán solicitar en el plazo de un año la diferencia entre las cantidades que cobraron por atentados cometidos desde enero de 1960 y la cantidad establecida por ley, en tanto las que nunca fueron reparados económicamente también podrán pedir las indemnizaciones en el plazo de un año.

Ambos supuestos podrían significar un desembolso de 77,5 millones de euros, según el ministro, quien ha calculado que estos pagos se ejecutarían en los ejercicios 2014 y 2015.

Para el tratamiento psicológico de los beneficiados, el texto eleva de 3.000 a 3.600 euros las asignaciones, mientras que las ayudas educativas oscilarán entre 300 y 1.500 euros en función del nivel de estudios.

También aumenta la aportación para cubrir daños en la vivienda habitual objeto de atentado, que pasa de los 90.000 euros a 113.680, al igual que cuando los destrozos hayan afectados a sedes de partidos, sindicatos u otras organizaciones.

En el caso de que el afectado haya tenido que abandonar temporalmente su vivienda la ayuda pasa a ser de 90 euros por persona y día para alojarse en un hotel y se mantiene en 1.500 euros mensuales para el alquiler.

Y si ha sido el vehículo el que ha resultado dañado por un atentado terrorista, la ayuda para su propietario asciende a 30.500 euros frente a los 21.035 actuales.

Recibirán ayuda las víctimas o hijos de éstas que sean alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria que precisen de medidas específicas de apoyo educativo.

Además, se abonará al afectado los gastos por tratamiento médico, prótesis e intervenciones quirúrgicas que no estén cubiertos por la sanidad pública o un seguro privado.

En materia de vivienda las víctimas tendrán consideración preferente en la adjudicación de casas de protección pública a precio tasado o para arrendamiento y se promoverán convenios con empresas para facilitar la contratación de este colectivo.

Desde 1979 y hasta el 31 de agosto de este año, el ministerio ha abonado en indemnizaciones 790 millones de euros por 1.421 fallecidos, 4.535 lesionados, 60 secuestrados y 4.038 casos de daños materiales.

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