Los abogados de los presos de ETA han explicado que la legislación española no exige condiciones como el arrepentimiento o la disolución de la organización terrorista para acercar a los reclusos a sus lugares de origen.
Los letrados Aiert Larrarte y Alberto Zenón han ofrecido en una rueda de prensa en San Sebastián detalles de los trámites que los reclusos de ETA han iniciado de forma individual para reclamar a Instituciones Penitenciarias medidas de acercamiento o de régimen atenuado.
No han concretado el número de presos que han presentado ya los documentos ante las juntas de tratamiento de sus respectivas prisiones, pero han explicado que en esta primera fase se trata de reclusos con enfermedades graves o que han cumplido ya los 70 años.
Las solicitudes contienen referencias a la legislación europea, convenios internacionales e incluso una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), por lo que denegarlas supondría, en su opinión, una "prevaricación".
Han respondido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien dijo sospechar que estas peticiones pueden constituir un "fraude de ley" y han argumentado que reivindicar derechos "nunca puede ser un fraude de ley", pero sí lo es "mantener medidas que van en contra de la legislación".
"Si alguien estuviera realizando un fraude de ley sería el Gobierno español si mantiene una medida como la dispersión", ha zanjado Zenón.
Los defensores de los presos han indicado que la legislación vigente no plantea "condición alguna" para acceder a beneficios penitenciarios, por lo que no es necesario incluir ninguna declaración expresa de arrepentimiento o de perdón y tampoco es preciso que la organización a la que pertenece el recluso se tenga que disolver o desarmarse, tal y como se ha apuntado desde diversos sectores políticos.
El documento que han presentado los presos contiene tres capítulos, el segundo de los cuales consiste en una declaración de adhesión al comunicado hecho público por el colectivo de presos de ETA (EPPK) el 28 de diciembre.
En este comunicado los presos señalaban que "reconocen con toda sinceridad el sufrimiento multilateral generado como consecuencia del conflicto".
En el primer apartado del formulario, los reclusos detallan su situación penitenciaria, con datos como el tiempo que llevan en prisión, en qué cárceles han estado y de qué régimen de visitas disfrutan.
El tercer y último bloque contiene la argumentación jurídica para solicitar el traslado a cárceles próximas a su domicilio, en concreto a la prisión alavesa de Zaballa, o la aplicación de un régimen abierto a través del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, en el caso de los presos enfermos y los que superan los 70 años de edad.
La argumentación jurídica alude a preceptos legales españoles y, sobre todo, a convenios internacionales, además de incorporar una sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que consideraba que mantener a dos presos rusos internos en Siberia, muy lejos de sus domicilios, vulneraba "sus derechos a la intimidad y a la vida familiar" reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las solicitudes, que han tramitado ya varios internos, se presentan ante las juntas de tratamiento de las prisiones, que tienen la obligación de reunirse al menos una vez cada seis meses y que se encargan de elaborar un informe para que, posteriormente, sea Instituciones Penitenciarias la que adopte la decisión definitiva.
