PSOE y Unidas Podemos retoman parte de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que registraron a mediados de octubre. Fuentes del partido morado explican que ambas formaciones han registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para limitar las funciones del CGPJ cuando este se encuentre en funciones, una propuesta muy similar a la que presentaron hace dos meses que excluye la polémica reforma de la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces.

Después de que el pasado martes, morados y socialistas chocaran por el CGPJ y con un "pacto inminente" con los populares según el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, los dos socios de Gobierno se han puesto de acuerdo para presentar esta iniciativa que, aunque no cumple las exigencias de Unidas Podemos de cambiar el sistema de elección de los vocales para evitar el bloqueo del PP, como se contemplaba en la reforma inicial, sí permite restringir las decisiones que tome este órgano una vez haya cumplido su mandato.

La intención es que esta reforma se discuta en el pleno del Congreso el 15 de diciembre, según fuentes socialistas. En Unidas Podemos aseguran que se trata de "un paso muy importante" ya que, sostienen, el CGPJ "tomaba decisiones muy importantes" pese a estar en funciones. "El Congreso de los Diputados y el Gobierno no pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección", sostiene fuentes moradas.

No obstante, se mantendrá la proposición de ley inicial, según las mismas voces de Unidas Podemos. Esa reforma permanece congelada desde el pasado 22 de octubre cuando Pedro Sánchez, en mitad de la moción de censura presentada por Vox, ofreció a Pablo Casado frenar la iniciativa para intentar, una vez más, alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ.

A la espera de los populares

La composición del actual Consejo, elegido durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, es abrumadoramente conservadora. No se ajusta, por lo tanto, a los cambios políticos que ha vivido España en los últimos años. Fuentes socialistas explican que la finalidad de la reforma es que los miembros del CGPJ no puedan aprovechar este periodo para hacer nombramientos de su mismo signo ideológico en las más altas instancias judiciales.

Pero al mismo tiempo, el PSOE quiere continuar dando margen al PP para cerrar un acuerdo sobre la renovación del organismo. El hecho de que se haya activado la limitación de funciones, y no de la reforma del sistema de elección (por el que bastaría la mayoría simple del Congreso, algo que haría que los conservadores ya no fueran imprescindibles) es en sí misma muy indicativo. Mientras Podemos, en un nuevo pulso dentro de la coalición, es partidario de activar ya esta iniciativa, el PSOE continúa esperando al PP. Si hay acuerdo, no habrá reforma del sistema de elección. Según fuentes socialistas, se esperará como mínimo hasta principios de año para sacar del congelador esta propuesta de modificación legal.

Las limitaciones

La proposición de ley, que al regular el Poder Judicial tiene el carácter de orgánica y por lo tanto debe ser aprobada por mayoría absoluta, se limita a recoger qué decisiones puede tomar un CGPJ como el actual, que lleva dos años con el mandato expirado. A diferencia de otros órganos constitucionales, como el Gobierno o el Parlamento, el Consejo no cuenta con una regulación sobre su capacidad de actuación cuando se encuentra en funciones.

Según la iniciativa del PSOE y Unidas Podemos, solo podrá llevar a cabo atribuciones muy limitadas, ceñidas al día a día, como la inspección de tribunales, la selección de jueces y cuidar la publicación de sentencias. Pero los nombramientos más importantes quedarían fuera de sus competencias. Un CGPJ en funciones no podría proponer, explica la iniciativa de socialistas y morados, al presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de sala y los magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

Los riesgos

La propuesta actual abandona la parte más conflictiva de la anterior, considerada inconstitucional por las principales asociaciones de jueces, por la sentencia del Tribunal Constitucional que en los ochenta avaló que los vocales de extracción judicial sean elegidos por las Cortes (como ocurre actualmente) siempre y cuando se hiciera por mayoría de tres quintos, no solo absoluta, como prevé la reforma aparcada por el momento, informa Ángeles Vázquez.

La nueva proposición de ley presentada mantiene el riesgo de que un bloqueo en la renovación del CGPJ se extienda a los principales tribunales españoles, porque no renovaría las vacantes que se producen por jubilación o fallecimiento y para cuya cobertura hace falta un nombramiento discrecional. El actual Consejo es el primero que ha tomado medidas para restringir su actividad mientras estuviera en funciones. Desde 2018 había renunciado a su capacidad reglamentaria y en enero paralizó esos nombramientos para dar tiempo a las fuerzas políticas a acordar su renovación. A la vista de que las negociaciones políticas se habían vuelto infructuosas los retomaron el pasado septiembre. De forma casi unánime elevaron al Supremo a los magistrados pendientes de varias de sus Salas. Paradójicamente fueron más progresistas que conservadores.

En una de las renovaciones por tercios del Tribunal Constitucional, dos de sus magistrados le corresponden al CGPJ y otros dos al Gobierno. De aprobarse la proposición de ley presentada tampoco podría hacerlo en funciones, pero no coincide con todos los mandatos. De hecho, el retraso actual en la renovación del tribunal de garantías corresponde al cupo del Congreso.