Los daños ocasionados en disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél se acercan al millón de euros, según los cálculos avanzados por los ayuntamientos de Barcelona y Madrid.
El teniente de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, ha cifrado este viernes en entre 400.000 y 500.000 euros los daños que se han producido en el espacio público de Barcelona tras tres noches de altercados. Este balance incluye los daños a contenedores, el alumbrado, la señalización de la ciudad y el asfalto, pero no «daños a consecuencia del pillaje» a comercios, ha informado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.
El también exdirector de los Mossos d'Esquadra ha atribuido los disturbios a grupos violentos y organizados: «Son gente que está entre nosotros. Salen de la propia sociedad barcelonesa y de la propia sociedad catalana. Este es un tema que como país debemos analizar y saber cuáles son sus causas». «Son exactamente los mismos que los protagonizaron en el otoño de 2019, no tengo ninguna duda», y ha sostenido que también existe un efecto mimético por el que otras personas se suman a estos grupos. También ha considerado «absolutamente lamentable» el ataque a la sede de 'El Periódico' de Barcelona, y ha tachado de paradójico agredir a medios de comunicación y a periodistas en manifestaciones que defienden la libertad.
Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha cifrado en unos 200.000 euros, entre público y privado, la factura de los daños ocasionados por los disturbio. En una entrevista en 'Antena 3', el primer edil ha recordado que fueron 35 los policías nacionales heridos de distinta consideración, además de manifestantes y ciudadanos que pasaban por la zona.
Los daños materiales se siguen cuantificando pero sí ha adelantado que los provocados en el mobiliario urbano no representan «una cantidad excesiva» y además serán cubiertos por el contrato de mantenimiento en vigor. Le preocupa más los daños en los establecimientos privados, que ayer los propietarios de los negocios calculaban en más de 150.000 euros. Esto le ha llevado a adelantar la cifra global de 200.000 euros.
Almeida se ha comprometido a «estudiar todas las acciones necesarias para que, quien lo haya hecho, lo pague, para que no salga del dinero de los madrileños».
