Pese a la orden de detención

El juez deja en libertad a Clara Ponsatí tras ser detenida en Barcelona

"Mientras sigamos aquí, Cataluña continuará en pie", asegura la exconsellera en un tuit

La exconsellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí.

La exconsellera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí. / EP

Ángeles Vázquez

La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ya ha sido puesta en libertad, tras negarse a declarar en la Ciutat de la Justícia por su responsabilidad en el 'procés'. No ha sido trasladada al Como estaba previsto, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí quedó en libertad, tras comparecer ante el juez de guardia de Barcelona y negarse en su presencia a prestar declaración indagatoria por su responsabilidad en el 1-O. El juez Pablo Llarena renunció a que fuera trasladada al Tribunal Supremo, tras su arresto este lunes en Barcelona por los Mossos d'Esquadra, para no prolongar más de lo estrictamente necesario su detención, que solo se ha producido por la negativa de la 'exconsellera' a comparecer en el alto tribunal que juzgó a los líderes del 'procés'.

La propia Ponsatí había anunciado vía Twitter que estaba en España, pese a la orden de detención que tenía pendiente en España por no presentarse en el Supremo el pasado 24 de abril, y después, por la misma vía, hizo lo propio con la detención, que calificaba de "ilegal". En un auto Llarena había acordado que fuera conducida al juzgado de guardia de Barcelona y que allí se le tomara declaración indagatoria por el delito de desobediencia por el que está procesada. Para realizar la diligencia, imprescindible para que la causa siga su contra, el magistrado había enviado por exhorto las preguntas que tenía preparadas para ella. Ponsatí se ha negado a responderlas.

El juez Llarena explica su decisión en “la renuncia de la acusada a someterse a la ineludible declaración indagatoria", lo que, dice, "invalida cualquier intento de citación que pretenda alcanzar su comparecencia en libertad“. Y para extremar la pulcritud hacia ella, renuncia a que sea conducida al Supremo, porque eso supondría una extensión de su privación de libertad por el mero desplazamiento de Barcelona a Madrid, cuando su procesamiento es por un delito para el que no están previstas penas de esta naturaleza.

Llarena se vio obligado a dictar una orden de detención nacional contra ella después de que no compareciera en el alto tribunal el pasado 24 de abril, cuando había sido citada. El juez entendió que la eurodiputada había desatendido "voluntaria e injustificadamente la citación judicial" sin ofrecer ninguna explicación, ni entregar la agenda del Parlamento Europeo, que habría sido tenida en cuanta en fijar la fecha definitiva de la diligencia.

Declaración indagatoria

Tras la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, Ponsatí solo está procesada por desobediencia, como es un delito castigado con multa e inhabilitación en ningún caso puede servir para decretar prisión. De hecho, si la eurodiputada hubiera comparecido voluntariamente en el alto tribunal nunca se habría vuelto a ordenar su detención. Cuando Meritxell Serret y Anna Gabriel volvieron a España se personaron directamente en el Supremo para regularizar su situación judicial y fueron citadas a declarar unas semanas después.

Ponsatí perdió su inmunidad con la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que rechazó la demanda que presentó contra el Parlamento Europeo, junto al expresidente catalán Carles Puigdemont y Toni Comín, por haber autorizado el suplicatorio cursado por Llarena para continuar el procedimiento penal abierto contra los tres antes de que adquirieran el escaño.

Pero esa pérdida de inmunidad no afecta a la situación de la 'exconsellera d'Ensenyament', porque como solo está procesada por desobediencia en ningún caso corre el riesgo de que se curse una euroorden en su contra. Además, a diferencia de sus compañeros, una vez regularizada su situación en España, puede desplazarse con total libertad sin traba alguna. Tanto Puigdemont como Comín serían arrestados en el caso de que regresaran a España, aunque no se reactiven las euroórdenes en su contra, como ha solicitado este lunes la fiscalía.