Justicia busca sustituto al juez Ruz para la Fiscalía Europea

La renuncia a su plaza en la Fiscalía europea por parte del que fuera juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se hizo popular como responsable de la instrucción del caso Gürtel, obliga al Gobierno a volver a buscar nuevos candidatos para el órgano supranacional dedicado a perseguir fraudes con fondos europeos. El último reemplazo se produjo el pasado mes de julio, cuando el hasta entonces número dos en la Fiscalía Antidroga, Ignacio de Lucas, sustituyó a la fiscal Anticorrupción Concepción Sabadell al frente de la oficina del organismo europeo en representación de España.

Ruz se encuentra desde el pasado verano en su juzgado de destino en Móstoles (Madrid), tras unos años en el organismo europeo que comenzó su andadura en junio de 2021, pero su vacante aún no se ha ocupado.

Plantilla de siete fiscales

"Tocaba dar el revelo a otros", ha señalado Ruz a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre su salida de la institución hace ahora casi un año. Por el momento, España cuenta con siete fiscales en el órgano europeo, pero la previsión es la de aumentar esta plantilla "porque no dan abasto", recuerda el juez.

El pasado 3 de octubre, el Boletín Oficial del Estado publicó la orden que abre el el proceso de selección para el puesto, denominado fiscal europeo delegado. Entre los requisitos para los candidatos, tener nacionalidad española y no haber incurrido en ninguna de las causas de incapacidad, como es la de haber sido alguna vez condenado por delito doloso.

Pueden presentarse tanto jueces como fiscales con una antigüedad superior a diez años y que ofrezca "un absoluto compromiso de independencia para el ejercicio de la función". A tal efecto, la orden contempla un modelo de declaración jurada, que debe ser presentado junto a la solicitud, además de poseer conocimiento y experiencia práctica en el ámbito de las investigaciones financieras y dominar la "lengua de trabajo" de la Fiscalía Europea, que es el inglés.

Una vez se presenten los candidatos, Justicia los convocará ante una comisión de selección que examinará sus currículos y les concocará a una entrevista en audiencia pública. Entre ellos se elegirá al nuevo fiscal europeo conforme a una selección por méritos y que tendrá en cuenta "los principios de igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad y sus derechos", concluye la orden de Justicia.

Asuntos de calado

Sólo durante su primer año de funcionamiento la delegación en España de la Fiscalía europea investigaba al menos 15 presuntos fraudes con fondos de la UE, un número que se ha ido incrementando con posterioridad.

Entre los asuntos que han recaído en la oficina destaca la investigación del contrato de 1,5 millones en mascarillas del que se benefició en 283.000 el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al que se dio carpetazo el pasado mes de marzo al no apreciarse indicios de fraude. También se abrió y posteriormente se archivó, en noviembre pasado, la investigación el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica (CDC) David Madí sobre una supuesta influencia en el reparto de los fondos europeos para la reactivación de la economía española tras la pandemia de la covid-19 y presuntamente desviarlos de forma fraudulenta. Igualmente se han han abierto expedientes por una deriva europea del caso Mediador y por presuntos fraudes en cometidos por organizaciones agrarias o contra un grupo organizado sospechoso de fraude de IVA afincado en España y con ramificaciones en Bélgica, Bulgaria y Eslovaquia, entre otros.

La novedad de la institución se ha evidenciado con algunos roces con las Fiscalías nacionales. El pasado mes de junio, el Tribunal Supremo tuvo que dirimir un asunto que el órgano se disputaba con un juzgado de Getafe por el  posible uso irregular de más de 100.000 euros en ayudas europas, si bien el más sonado fue el encontronazo con Anticorrupción precisamente por el expediente del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.