La citación de Cospedal, nuevo revés de la Sala a García Castellón tras las correcciones en Púnica o la investigación a Podemos

La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de obligar al juez Manuel García-Castellón a interrogar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal -- por las presuntas presiones y espionaje que sufrió Javier Gómez de Liaño cuando era abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas-- constituye el enésimo revés sufrido por el titular del juzgado de España que acumula mayor número de causas mediáticas.

Antes de esta decisión, el tribunal de apelación ya había apuntado al instructor cómo proceder en otras causas como Púnica, los CDR o sus intentos de investigar la financiación de Podemos. El Tribunal Supremo también frenó la intención de García Castellón de que se investigara si el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de la asesora de Podemos en el Parlamento Europeo Dina Bousselham. Esta última rechazó acusar a Iglesias en la Audiencia Nacional.

Esta última corrección sufrida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 podría no ser la última, algo muy razonable porque se trata de un juez que investiga causas muy complejas y con gran número de acusaciones personadas, muchas de ellas partidos políticos, que no dejan decisión sin recurrir. 

Tampoco hay que olvidar que el magistrado ha recibido importantes avales, como son las exclusiones de la propia Cospedal de la pieza Kitchen, y de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en Púnica, sin olvidar que su instrucción y la de la Fiscalía Anticorrupción de las tres primeras piezas del caso Villarejo llevadas a juicio culminaron con una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado.

Tsunami y CDR

La Sala de lo Penal también deberá analizar una de las decisiones de García Castellón de mayor trascendencia política, como es la de implicar al expresident Carles Puigdemont en un delito de terrorismo en la causa que investiga el movimiento independentista Tsunami Democràtic. La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión directamente en apelación por entender que los hechos sólo pueden constituir desórdenes públicos, por lo que el juez estaría obligado a remitir las actuaciones a Barcelona.

La Fiscalía recurrirá el auto que implica a Puigdemont en 'Tsunami' porque solo ve desórdenes públicos

El pasado 3 de noviembre la Sala confirmó el auto de conclusión de sumario de la causa de los denominados CDR, también instruida por el Juzgado Central número 6, y acordó la apertura de juicio oral contra 12 personas por delitos terroristas. Sin embargo, durante la instrucción de este asunto, el magistrado fue corregido en varias ocasiones por negarse a practicar algunas pruebas solicitadas por la defensa, negarles determinada documentación y cerrar el caso "de forma apresurada", según la Sala.

Investigaciones a Podemos

Los reproches más fuertes recibidos por García Castellón por parte de la Sala se refieren, en todo caso, a su interés por investigar una presunta financiación irregular de Podemos, una causa iniciada a raíz de las declaraciones del que fuera jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014 Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal que la Sala archivó en junio de 2022 al considerar que las pesquisas eran prospectivas y habían sido ampliadas de forma "artificiosa por el juez". 

No obstante, poco después García Castellón abrió una pieza contra el cofundador de la formación morada Juan Carlos Monedero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. También en este asunto se le dio un toque por parte de la Sala el pasado mes de enero, cuando se atendió la petición de la defensa de tener acceso a todos los documentos de la causa en la que se investigó al partido y con los que el instructor busca ahora incriminarle.

Tensiones en Púnica

La instrucción del caso Púnica, por otra parte, es de las que más tensiones ha causado no solo por los innumerables recursos ante el tribunal de apelación, sino por la diferencia de criterio entre las decisiones del juez y la Fiscalía Anticorrupción, que ha visto desinflarse la macrocausa al ver cerradas muchas de las piezas que integraban la investigación a esta trama sobre presunta corrupción del PP.

A la decisión de archivar la imputación de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, y de no investigar como persona jurídica al PP nacional, la Audiencia Nacional sumó el pasado mes de junio el dictado de la sentencia de la pieza separada de los trabajos de la Púnica en León, que se saldó con meras inhabilitaciones. Unos meses antes, la Sala archivaba la acusación contra uno de los implicados en otra pieza, Francisco Lobo Montalbán, directivo de una de las mercantiles implicadas en la supuesta financiación ilegal del PP de Aguirre, porque la decisión dictada por García Castellón se limitaba a recoger "bien el parecer del fiscal o de la UCO, y no el del juez" y por ello entendía el tribunal que "de la decisión impugnada no constan indicios suficientes de la comisión de delito alguno".

También en esta causa, en septiembre de 2021, la Sala de lo Penal ordenó al juez citar como investigadas a dos personas vinculadas a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y a otras tantas relacionadas con Indra para ahondar en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño

En otras resoluciones, la Sala apoyó de forma rotunda las conclusiones del juez. Así ocurrió el pasado noviembre, cuando apoyó su decisión de considerar "agotada" la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP, sin esperar a que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega aportara los indicios que aseguraba tener contra la expresidenta Aguirre.

Kitchen y el futuro del PP

En lo que se refiere a la pieza Kitchen, por el operativo montado con el chófer de Bárcenas para espiar al extesorero y su familia en relación con la información que pudiera perjudicar al partido en el caso Gürtel, el juez García Castellón logró un importante apoyo de la Sala en relación con las consideradas líneas rojas del caso, que han supuesto sentar en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior en tiempos de Mariano Rajoy, con el exministro Jorge Fernández Díaz al frente, pero sin implicar a otros cargos políticos como la propia Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro y al exdirector de la Policía Nacional Ignacio Cosidó.

También avaló la decisión del juez de no dar acceso a las partes a los chats privados del ex número dos de Interior Francisco Martínez, que según las acusaciones vendrían a apoyar nuevas imputaciones. Ahora, además de lo que ocurra con la declaración de Cospedal por la pieza relacionada con el abogado de Bárcenas Javier Gómez de Liaño, el magistrado está pendiente de lo que puedan decir sus compañeros de la Sala sobre otro asunto clave, como es la petición de que el PP se siente en el banquillo como responsable civil a título lucrativo de la Operación Kitchen, algo que apoya incluso el que fuera exministro del Interior del Gobierno de Rajoy, Jorge Fernández Díaz.