Denuncian al exalcalde de la localidad zaragozana de Magallón tras hallar imágenes y vídeos con contenido sexual en el ordenador de la Alcaldía

El equipo de Gobierno de Magallón (Zaragoza), con el alcalde Esteban Lagota (Aire Nuevo Magallón) a la cabeza, ha denunciado a la Fiscalía provincial al anterior alcalde, el histórico del PSOE Víctor Manuel Chueca –y regidor en la localidad durante 20 años–, tras haber hallado imágenes y vídeos con contenido sexual implícito, además de imágenes presuntamente realizadas al descuido de empleados municipales y vecinas del pueblo, según el escrito presentado ante la Fiscalía el 23 de noviembre al que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, del grupo Prensa Ibérica. Este diario se ha intentado este sábado ponerse en contacto con Chueca, pero no fue posible.

Según aparece en la denuncia, tras el cambio de gobierno se solicitó al exprimer edil que devolviera al consistorio un equipo informático y los terminales móviles para su reutilización, hecho que hizo a los cuatro días. Sin embargo, dos de esos equipos informáticos y tres terminales estaban "dañados y bloqueados", por lo que se le requirió los códigos de desbloqueo, sin haberlos facilitado hasta la fecha de la denuncia.

Ante esta situación, se actualizó, apareciendo en el disco duro del ordenador propiedad del consistorio, devuelto por el anterior alcalde y de uso exclusivo del mismo, imágenes y vídeos con contenido sexual implícito, además de fotos presuntamente realizadas al descuido de empleados municipales y vecinas del pueblo.

Pero ahí no acaban los hechos. El 7 de agosto se llamó a la Guardia Civil porque, en el ayuntamiento se había encontrado al final de un armario falso para tapar tuberías un preservativo usado, un blíster vacío y otro con una pastilla de un medicamento (Cialis, indicado para el tratamiento de la disfunción eréctil) y un CD con "rayas blancas (como de polvo)", que la Guardia Civil se llevó "sin dejar constancia escrita". Cuando se pidió el registro de esa salida se conoció que no lo había. En ese momento, el sargento que había acudido al consistorio estaba de vacaciones y la cabo que atendió a los demandantes no creyó conveniente molestarle en ese momento. Cuatro meses después, el 1 de diciembre, el actual alcalde, Esteban Lagota, volvió a insistir en la Guardia Civil, hablando con el sargento, que no había creído oportuno "emitir el informe" y cuando el primer edil pidió hablar con su superior, la respuesta fue que "no lo creía conveniente y que le requiriera el fiscal". 

En las facturas telefónicas hay gastos periódicos, al menos hasta el 1 de enero de 2022, por acceso a Servicios Emoción, suscripción a Pocoyó House y Caillou y amigos

Además, en la denuncia, se adjuntan facturas del número de teléfono de uso personal de Víctor Chueca y facturado al consistorio, en el que aparece un gasto periódico y continuo hasta, al menos, el 1 de enero de 2022, con un gasto medio de entre 75 y 400 euros mensuales por acceso a Servicios Emoción, suscripción a Pocoyó House y Caillou y amigos, en diversos horarios, incluida la madrugada.

Se incluye también que en el último pleno del consistorio, del 29 de septiembre, el exprimer edil socialista había reconocido que las cuentas para solicitar una subvención para la residencia de ancianos "estaban un poquito hinchadas, preparado por parte de la Secretaria Interventora", lo que provocó que en la última semana de noviembre se notificara que era necesario devolver el importe de 35.699,45 más 2.405,81 de intereses de demora, "al no cuadrar las cuentas remitidas por el mismo", dice la denuncia, en la que se reconoce que aún se está pendiente de la devolución de otras subvenciones.

Desde la Alcaldía se pone en conocimiento el cobro de recibos a los vecinos sin ordenanza, así como ordenanzas aprobadas con tasas que no se han girado y elaboración de cheques al portador "como pago habitual a determinados proveedores"; así como un contrato firmado con la Sociedad de Cazadores para el periodo 2016-2023 por el que se paga un impuesto del 30% y no del 100% como exige la ley; y "falta de documentación" de un convenio con Forestalia.

También aportan dos audios de presuntas conversaciones privadas, difundidas, siendo una de ellas "con intención difamatoria al actual alcalde y Secretaria-Interventora" donde hacen públicos datos que contravienen la ley de protección.