La familia del soldado fallecido en Córdoba denuncia a cuatro mandos del Ejército por homicidio imprudente

La familia de Carlos León Rico, fallecido en unas maniobras militares en la base de la Brigada Guzmán El Bueno X en Cerro Muriano (Córdoba), ha presentado una denuncia contra el capitán responsable del ejercicio y sus tres superiores inmediatos, además de contra el Ministerio de Defensa, como responsable civil subsidiario. La denuncia se dirige al capitán, retirado del mando por el Ejército de Tierra, el teniente coronel, el coronel y el general, solicitando que todos sean llamados como investigados por la presunta comisión de dos delitos por dolo con resultado de homicidio imprudente. Aquel día también falleció el cabo Miguel Ángel Jiménez durante el ejercicio práctico en un lago de la base militar.

Rodeado de gran expectación y acompañado por dos socios de su despacho, el abogado Luis Romero ha comparecido este martes en rueda de prensa en Sevilla en representación de la familia del soldado sevillano Carlos León, natural de El Viso del Alcor. El militar pereció ahogado el pasado 21 de diciembre durante un ejercicio de maniobras en un pantano de la base cordobesa en la que, según el letrado, “llevaba un sobrepeso de 3.5 kilogramos en su mochila como castigo por un ejercicio anterior”.

El juzgado togado Militar 21 juzgará el caso de la muerte de los dos militares en Córdoba

Romero, abogado laboralista, confirmó que “casi la mitad de los sesenta soldados que participaron en las maniobras llevaban sobrecarga desde dos semanas antes del siniestro. Durante los ejercicios, carecían de medidas de seguridad como línea de vida, ambulancias, flotadores o salvavidas, y algunos soldados quedaron excluidos por no saber nadar”. El ejercicio se frustró minutos después de comenzar, con el fatídico desenlace de la muerte del soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar. Como ha informado Europa Press, el letrado solicitará prisión provisional para el capitán cuando declare en sede judicial.

Negligencias

La acusación particular basa su denuncia en la "negligencia" mostrada, a su entender, por el militar acusado y responsable de sus soldados y donde se incide en que no se cumplían los protocolos y medidas de seguridad, "un cúmulo de medidas negligentes y una falta de previsión para el rescate".

Romero, doctor en Derecho Penal, ha querido resaltar que "no existía una línea de vida a la que poder asirse los soldados, esto es, un cable de acero sujetado con arnés de seguridad, con anillas de sujeción para casos de emergencia, y que esta fue sustituida por una cuerda [tipo de Decatlhon] amarrada a dos árboles". "No había lanchas de rescate, ni flotadores ni ambulancias en las proximidades, y la primera en llegar tardó 15 minutos", asegura.

Las condiciones para la realización del ejercicio no eran las favorables ni las adecuadas, según ha considerado el letrado, ya que "el agua estaba en temperatura próxima a la congelación, hubo soldados que sufrieron episodios de hipotermia, incluida la inmovilización de las mandíbulas por lo que no pudieron pedir auxilio de rescate".

"¡A patear, a patear, no agarrase a la cuerda!", eran las voces de mando del capitán, mientras los soldados comenzaban a sufrir las consecuencias, ha relatado el abogado. Luis Romero se expresa con claridad sobre lo sucedido una vez conocido que hasta 40 militares han prestado hasta el momento declaración ante la Guardia Civil y a la espera de ser citados por el juzgado. E insiste: "Al no existir la línea de vida, esto es, un cable de acero tensado y seguro de sujeción, la cuerda empieza a hundirse al agarrarse uno, dos, tres, cuatro soldados… con el fatal desenlace para los dos militares".

Nuevos testimonios apuntan a que los militares ahogados en Córdoba llevaban "lastres" como "castigo"

Instrucción del caso

La instrucción será llevada a cabo por la jurisdicción militar. El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha dictado un auto en el que acuerda su inhibición en favor de la jurisdicción militar al considerar que ésta es la competente para ello, tal y como había defendido la Fiscalía Provincial de Córdoba.

La familia se encuentra rota de dolor y no ha querido acompañar a su representante y sólo pide que se haga justicia.