Todos los yihadistas encarcelados en 2023 están en prisión preventiva y en el régimen penitenciario más duro

La media de los encarcelados por yihadismo en España en 2023 tiene 35 años, es marroquí o de nacionalidad española, pertenece a un sector vulnerable de la población y su delito más frecuente es el adoctrinamiento. Además, todos ellos están en prisión preventiva y en régimen cerrado, incluidos en ficheros penitenciarios de especial seguimiento.

Son los principales rasgos del retrato de los presos que la actividad policial y judicial contra el terrorismo islamista ha llevado a las cárceles españolas en 2023. En el año recién concluido se practicaron 78 detenciones en 36 operaciones antiterroristas, pero solo 37 detenidos están en prisión. Hay además 14 pakistanís que fueron expulsados del país y cuatro menores que, por su edad, no ingresaron en la cárcel. Ninguno de los encarcelados está en prisiones catalanas ni vascas.

Reúne estos datos una investigación del think tank de seguridad Athena, fundación vinculada al Departamento de Estudios de Acaip-UGT, principal central sindical en las Instituciones Penitenciarias. El informe considera que en 2023 hubo “un récord de detenciones desde 2004”, el año en el que se cometieron los atentados contra los trenes de Atocha.

El trabajo, titulado 'Observatorio Penitenciario Yihadismo año 2023', suma marroquís en un 42% de nuevos ingresos. La nacionalidad española es la segunda con un 28,5% de los nuevos presos yihadistas. No obstante, la proporción puede variar, pues en la última operación de la Comisaría General de Información de la Policía en Melilla, en diciembre pasado, de ocho detenidos siete -a falta de confirmar en el estudio- tenían documentación española.

Ha habido además en 2023 un incremento de capturas de yihadistas de origen americano: un dominicano, un ecuatoriano y dos brasileños.

Régimen cerrado

Los 37 encarcelados preventivos que cuenta Athena en 2023 -en un sector que carece de estadísticas oficiales públicas- están bajo las normas más severas de encarcelamiento, todos en régimen cerrado, el que para los condenados implica el primer grado penitenciario y para los preventivos una cautela por su peligrosidad, y en el que son clasificados de forma automática todos los yihadistas al llegar intramuros.

En el estudio, a un 83,3% de los encarcelados se les atribuye el delito mayoritario del colectivo: “Conductas relativas al adoctrinamiento yihadista”. Un 38,8% han entrado en prisión por enaltecimiento del terrorismo y un 19,4% por “haber estado inmersos en un proceso de autoadoctrinamiento o autorradicalización”. El resto del colectivo se reparte entre un 11,1% que ingresó en centros penitenciarios por financiación del terrorismo y un 5,5% -el sector minoritario pero el tenido como más peligroso- por haberse desplazado a un territorio controlado por ISIS, Al Qaeda u otras organizaciones terrroristas.

En todos los casos, los encarcelados han sido incluidos en los FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento, que implica medidas especiales de seguridad) que acumulan los nombres de los más peligrosos, bien en el FIES 1 (vigilancia directa), en el FIES 3 (bandas armadas) o en el FIES 5, para presos con características especiales.

Al menos tres han llegado con una patología mental, pero ni sanos ni enfermos han protagonizado incidentes violentos, resistencia, atentados o algaradas en la prisión. “El preso yihadista se adapta bien al régimen penitenciario”, resume Francisco Macero, funcionario de prisiones experto en radicalismo y uno de los representantes de Acaip en la Red europea de Alerta sobre Radicalización (RAN).

Rabia entre rejas

Hay entre los autores del informe un convencimiento de que todos los encarcelados en 2023 -como los de años anteriores- saldrán de la cárcel más radicales de lo que entraron. La rabia por el trato recibido y su aislamiento, y el rechazo al sistema interno -que no su desacato- son compañeros del fanático islamista entre rejas. Hasta ahora han fracasado todos los programas penitenciarios de desradicalización.

De hecho, “ya empiezan a salir los primeros condenados por estos delitos, y vuelven al mismo medio del que salieron -el barrio del Príncipe de Ceuta o la frontera con Nador en Melilla, por ejemplo- sin que apenas se hagan seguimientos de los casos”, lamenta Alberto Téllez, experto en el fenómeno y también representante en la RAN.

“El problema del yihadismo en prisión hoy es que no sabes quién es el preso -explica el presidente de Acaip, José Ramón López, veterano de las prisiones españolas-. Los internos han evolucionado: ya no están todo el día leyendo el Corán, como antes; ahora disimulan todo lo posible para que no se les catalogue como yihadistas”.

No hay demasiados patrones que permitan una clasificación certera. Un preso puede vestir chilaba, leer el Corán, dejarse una gran barba, no perder ni uno solo de los rezos diarios y lucir en su frente el “callo de la fe”… y no por ello ser un yihadista, solo un tipo muy religioso.

Los autores del estudio proponen cambiar los objetivos del tratamiento penitenciario de un yihadista, abandonar la pretensión de “desrradicalizar” a quien es radical. “Puedes conseguir que deje de ser violento, pero su integrismo religioso no se lo vas a quitar; no puede enfocarse como si se tratara de curarlo. A los presos de ETA, para acceder a beneficios penitenciarios nadie les pedía que abandonaran su ideología, se les pedía la renuncia a la violencia”, explica Salvador Berdún, funcionario penitenciario, criminólogo experto en radicales y director del Centro de Estudios de Acaip.

Además de ese cambio de enfoque en el tratamiento penitenciario, los autores del estudio proponen “que no se meta en régimen cerrado a todos los yihadistas por norma, automáticamente -dice Macero-. Sería mejor un estudio individualizado de cada caso”.

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