El Gobierno se abre a recalcular la financiación de Cataluña por las "competencias singulares" que gestiona

La propuesta del Govern sobre una financiación singular de Cataluña no tiene cabida para el Gobierno. En el Ejecutivo todavía están estudiando a fondo el contenido de la propuesta, pero rechazan de plano cualquier opción que pase por un pacto fiscal semejante al cupo vasco. No tendría encaje ni en la Constitución ni en el Estatut, aseguran. Con todo, fuentes de Moncloa sí se abren a la negociación, dentro del marco de un nuevo sistema de financiación autonómica, y están dispuestos a compensar a Cataluña “reconociendo sus competencias singulares”. Principalmente, según enumeran, por las competencias de la policía autonómica (Mossos), en materia penitenciaria o justicia.

Se trataría de una forma de recalcular al alza la financiación de Cataluña “recogiendo sus peculiaridades”. Según argumentan los colaboradores del presidente del Gobierno, Cataluña cuenta con la singularidad de gestionar un buen número de competencias propias, por lo que merecería una financiación “distinta” a la actual. Un nuevo cálculo más favorable, pero siempre como fruto de un acuerdo para la reforma del sistema de financiación autonómica.

Aragonès reclama una financiación como la vasca para gestionar 52.000 millones en impuestos

Esta sería la contrapropuesta del Gobierno, con disposición al diálogo pero en unos términos que nada se parecen a los puestos sobre la mesa por el Govern de Pere Aragonès. Una propuesta que ha irrumpido ya en precampaña, con las elecciones catalanas adelantadas para el próximo 12 de mayo, lo que suele empujar a posiciones de máximos. “Lo del Govern se parece mucho al cupo vasco y eso no sería constitucional”, concluía un ministro socialista.

Desde Moncloa reconocen que su vía para recalcular la financiación de Cataluña tiene la “dificultad” añadida de depender de un acuerdo con el PP. Los socialistas no quieren impulsar un nuevo modelo sin consensuar con los populares -gobiernan en 11 de las 17 autonomías- y en estos momentos las opciones son mínimas. Ni siquiera existe una posición unitaria dentro de los dos grandes partidos. En privado se reconoce que las posibilidades de alcanzar un acuerdo en esta legislatura son prácticamente nulas, pero los socialistas no quieren ir al choque con el Govern sin ofrecer alternativas.

Las claves de la propuesta de financiación autonómica del Govern catalán

Los portavoces del Gobierno se esforzaron durante este martes en enfriar la propuesta del Govern de ERC con el cuidado de no cerrar ninguna puerta a la negociación. Los votos de los republicanos son imprescindibles para garantizar la gobernabilidad y tras el 12-M el PSC deberá buscar pactos postelectorales si vuelve a ganar las elecciones y el bloque progresista no suma mayoría. Asimismo, los equilibrios se imponen para no espantar a una parte del electorado potencial del PSC. La primera en tomar distancias con modelo de financiación defendido por los republicanos era la portavoz, Pilar Alegría.

Enfoque multilateral

Con buenas palabras y evitando cargar contra ERC, Alegría trasladaba en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el “marco” negociador de la financiación tiene que ser con “todas las comunidades”. Un enfoque multilateral y no bilateral. “Nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el conjunto de las comunidades y con el PP para la reforma del modelo de financiación. Estamos en un momento oportuno, porque hay 11 comunidades gobernadas por el mismo color político. Sería deseable que el PP trasladase una posición conjunta”, concluía.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistía más tarde en enmarcar este debate dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica y siempre "en el entorno de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía". En declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras participar en la sesión de control al Gobierno, Montero ha vuelto a enfriar la propuesta porque "la posición del Gobierno es muy clara" respecto a una reforma del sistema en su globalidad, y por tanto, "para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña". Esto es, todas, salvo Euskadi y Navarra. Al mismo tiempo reconocía que para ello se precisa antes un consenso con el PP sobre el que no hay avances.

Balanzas fiscales

Dentro del ánimo de mantener vivo el diálogo con los socios de investidura, el Gobierno ya facilitó la pasada semana los datos brutos para calcular las balanzas fiscales, mediante las que se determina la diferencia entre lo que aportan las comunidades autónomas vía impuestos y los que reciben en forma de prestaciones, inversiones y transferencias. Este era uno de los compromisos adquiridos por el PSOE con Junts par aprobar algunos de sus reales decretos contra la crisis. Para el Govern existe un déficit fiscal "crónico" que limitaría la capacidad de inversión y de gasto de la Generalitat.

Con el objetivo de mantener el apoyo de los independentistas a la espera de la gobernabilidad en Cataluña tras el 12-M, desde el Gobierno remiten al cumplimiento de los acuerdos de investidura. Entre ellos, la condonación parcial de deuda y el traspaso de Rodalies, pactadas con ERC, o el plan para facilitar el regreso a Cataluña de las sedes sociales de las empresas que salieron por el ‘procés’, acordado con Junts. Esta última medida también formó parte del acuerdo con los posconvergentes en los primeros decretos de la legislatura a través de una reforma de la ley de sociedades. En materia de financiación, PSOE y Junts acordaron en su reunión del pasado sábado en Suiza, con el diplomático salvadoreño Francisco Galindo como mediador internacional, comenzar a negociar esta carpeta. Eso sí, partiendo de diferencias de partida sustanciales.