Silla sigue sin adjudicar el contrato de suministro del agua potable después de que, el martes, el pleno municipal rechazase entregar el servicio a la empresa que en 2009 ganó inicialmente el concurso aunque, luego, el ayuntamiento se lo dio a otra. Pese a que la propuesta del equipo de gobierno local, liderado por el popular Serafín Simeón, contó con la abstención de los dos ediles de España 2000 y del portavoz de Compromís, no fue suficiente para sacar adelante el punto, ya que para la aprobación se requería mayoría absoluta.
Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) anuló la adjudicación efectuada en 2009 y ordenó por segunda vez consecutiva retrotraer el proceso (ya ocurrió lo mismo años antes). La Mesa de Contratación de Silla ha acordado ahora entregar el servicio a la firma que en aquel momento ganó el concurso pero que, luego, quedó en segundo lugar en virtud de un informe ajeno a ese órgano, el único competente para hacer propuestas de ese calado.
Pese a que la nueva adjudicación se apoya en una «decisión técnica», tal y como siempre ha defendido el alcalde, se ha topado desde el principio con el rechazo prácticamente unánime de la oposición (mayoría en el pleno), que exige más tiempo para estudiar la situación y para mejorar las condiciones de los pliegos, entre otras cosas.
Y, mientras tanto, la anterior concesionaria reclama al consistorio 8,5 millones en concepto de liquidación (el pleno votó ayer en contra de manera unánime), debe devolver lo que supuestamente ha cobrado de más a los usuarios de la localidad durante años y, además, tiene que seguir prestando el servicio en precario, puesto que la nueva adjudicación no acaba de ejecutarse.
Mejoras económica y tiempo
Para el regidor de Esquerra Unida, Valentín Mateos, «el objetivo no debe ser dar el contrato a otra empresa para continuar con la privatización», sino que «es el momento de apostar de una vez por todas por la municipalización del servicio». Pero, insistió el martes, «aún en el caso de que se siguiese con la adjudicación, se tendrían que modificar las condiciones de los pliegos» porque, «tal como está planteado, el contrato es un chollo, ya que las tarifas que cobraría la nueva empresa son el doble de las que se propusieron en 2009, pero el canon que tendría que pagar al ayuntamiento sería el de hace seis años, lo que implica muchos beneficios para la concesionaria pero muy pocos para el ayuntamiento, y aún menos para los vecinos».
El resto de los grupos de la oposición también se mostraron el martes favorables a una teórica municipalización, aunque la mayoría (Compromís, PSPV-PSOE y Els Verds) prefirió aguardar al próximo mandato para tratar y decidir «un asunto tan delicado e importante». España 2000, por su parte, reivindicó también la mejora de los pliegos y reclamó «que se depuren todas las responsabilidades políticas» por la anulación judicial de las dos últimas adjudicaciones.
La propuesta ya fue a pleno en febrero, aunque en aquella ocasión se quedó sobre la mesa debido a que la anterior concesionaria, con la que el ayuntamiento mantiene varios contenciosos, solicitó el desestimiento municipal. El martes, toda la corporación votó en contra de la petición de la empresa de paralizar el proceso de adjudicación.
