Cientos de familias de la comarca pueden respirar aliviadas después de que Alfafar haya conseguido una resolución del Ministerio de Hacienda donde indica que las ayudas sociales son inembargables, lo que permitirá que cobren las subvenciones de carácter social que hasta ahora tenían paralizadas. Los 43 municipios de l'Horta llevaban dos meses a la espera de este fallo —tal como Levante-EMV publicó a principios de mes— para clarificar cómo debían actuar ante los requerimientos de Hacienda que afectaban a los hogares más desfavorecidos de cada localidad.
Hasta ahora, quedaba a criterio de cada consistorio (más bien de sus técnicos) cobrarse o no las deudas o multas que los beneficiarios de estas subvenciones tuviesen con las arcas municipales. Sin embargo, cuando la petición procedía del ministerio, los ayuntamientos estaban atados debido a que era la exigencia de una administración superior: el Estado. Ante esta situación, y visto el impacto que esos embargos generaban en familias que no disponían de otro ingreso para subsistir, el departamento de Servicios Sociales de Alfafar elevó una consulta a Hacienda para que fuese el ministerio el que marcase el procedimiento a seguir en estos casos.
En su alegación, el área de Bienestar Social se valió del artículo 606.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para argumentar la necesidad de no retener parte de las ayudas sociales y procurar así una existencia digna a sus beneficiarios. Son inembargables, dice el mencionado artículo, «el mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que resulten imprescindibles para que el ejecutado (el embargado) y las personas de él dependientes puedan atender con dignidad a su subsistencia».
«Abocar a la miseria»
Aunque ha sido el departamento de Bienestar Social de Alfafar el que ha elevado la consulta, todos los de la comarca estaban pendientes de la resolución ministerial debido a que estaban en similar o idéntica situación. Hace unos meses, Hacienda solicitó a los consistorios los datos relativos a las rentas y bienes de los vecinos que mantenían un déficit con la administración central. Luego, exigió a las tesorerías que embargasen a los deudores el dinero equivalente al débito, dinero que en muchos casos tenía que ser sustraído de las ayudas sociales porque era el único ingreso de esos ciudadanos. En esos casos, el embargo suponía «abocar a los vecinos a la miseria», tal como subrayó el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.
«Es absurdo que Servicios Sociales trabaje para garantizar unos ingresos a las familias en situación de pobreza y que, luego, el ayuntamiento se los embargue», insistieron ayer fuentes del área de Bienestar Social. Sin embargo, gracias a la resolución de Hacienda, los técnicos tendrán a partir de ahora un argumentario de peso al que acogerse para evitar que estos casos vuelvan a repetirse.
