El PP de Alboraia anunció ayer a través de un comunicado que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Moncada, en auto fechado el 2 de junio, ha incoado la apertura de las Diligencias Previas contra la portavoz de Ciudadanos, Carmen Peris, tras la denuncia presentada por un presunto delito de falsedad documental cometido cuando era regidora de Hacienda en 2012. Los populares denunciaron el pasado abril que, cuando era concejala de Hacienda del anterior gobierno cuatripartito, Peris habría incluido entre las facturas remitidas al Gobierno para que las incluyera en el Plan de Pago a Proveedores, el abono de 587.709 euros a la antigua concesionaria del agua por los intereses y costas judiciales del contencioso que la empresa mantuvo con el ayuntamiento por la deuda de la contrata.
Un contencioso iniciado, por cierto, por la deuda de 1,17 millones que contrajo el gobierno de Manuel Álvaro con Omniun Ibérica SA y que éste perdió.
Los populares recordaban ayer en un comunicado que el Plan de Pago del Ministerio de Hacienda «establecía con claridad la prohibición de pagar intereses o gastos judiciales y la obligación para los proveedores de no reclamarlos por ninguna vía, debiendo renunciar expresamente a este punto para cobrar las facturas adeudadas». «Sin embargo —añaden en la nota— la anterior concesionaria municipal de agua potable y alcantarillado cobró cerca de 600.000 euros (cantidad a la que debía renunciar para poder acogerse al Plan), al incluirse en la relación telemática presentada al Ministerio por indicación presumiblemente de la entonces Concejala de Hacienda».
La querella por la que se ha abierto la investigación subraya además que los técnicos informaron a Peris de la imposibilidad de incluir en el Plan de Proveedores los intereses y costas procesales, y que, para sortear la ley, la edil dio a estos pagos «la apariencia como si de facturas se tratase e incluso otorgándole una numeración inexistente, actuar de forma falsaria dentro del ámbito de sus funciones incluyendo «facturas inexistentes» en la relación integra de facturas pendientes de pago a Proveedores a sabiendas de que las mismas se correspondían con conceptos que quedaban fuera del ámbito del RDL 4/2012». Los populares afirman que primero pensaron que se trataba de un error en la interpretación que hacía el ayuntamiento de la ley.
