La Direcció General de Medi Natural y d'Avaluació Ambienta ha declarado concluso y archivado el procedimiento iniciado en 2011 por el anterior gobierno del PP de Paterna para aprobar un nuevo PGOU que permitía reclasificar entre 366 y 344 hectáreas de suelo rústico en residencial y terciario y «atraer a los inversores» como los de Puerto Mediterráneo, según defendió en su día el exalcalde Lorenzo Agustí. El archivo del expediente por parte de la Generalitat se lleva a cabo por petición del actual gobierno local socialista, que lo solicitó en enero de 2015.

«Estamos satisfechos con el archivo del expediente de Evaluación Ambiental Estratégica del municipio de Paterna, que era el paso previo para la revisión del PGOU, porque esta medida implicaba reclasificar más suelo urbanizable», aseguró ayer la concejala de Sostenibilidad, Eva Pérez, que destacó que «el documento que tramitó el PP no incorporaba adecuadamente las reflexiones sobre el territorio que deben tener su reflejo en el futuro documento de planeamiento».

Pese a que la revisión del PGOU iniciada en 2011 pudiera tener como principal objetivo recalificar el suelo situado junto a la autovía de Llíria para instalar Puerto Mediterráneo, la suspensión del proyecto por parte del Consell no afecta al proyecto del área comercial y de ocio ya que este se desarrolla mediante como una Actuación Territorial Estratégica aprobada por el Consell en enero de 2015.

La aprobación del documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica para la aprobación de un PGOU que sustituyera al vigente desde 1991 se produjo gracias a la mayoría absoluta del PP y con los votos en cotra de toda la oposición (entonces, PSPV, Compromís y EU). El entonces alcalde Lorenzo Agustí defendió que el nuevo plan general facilitaría la llegada de nuevos inversores, generaría empleo y reactivaría la economía. Además de facilitar la llegada de Puerto Mediterráneo, el nuevo documento ponía a disposición suelo para construir universidades, según destacó Agustí. La oposición se enfrentó al ejecutivo popular basándose en los informes de Intervención y Secretaría en los que se advería que no había consignación para contratar el consultor externo que había realizado el documento de evaluación de los lugares apto para implatar las inversiones.