El Juzgado de Instrucción número 5 de Elx ha ampliado la investigación que sigue por el presunto amaño de las contrataciones de los uniformes para la Policía Local y Protección Civil en el Ayuntamiento de Santa Pola y ha imputado por diversos delitos a los responsables de la empresa que suministró también las prendas en Torrent, en el polémico concurso que tuvo que ser anulado y que ahora investiga un tribunal de la ciudad.
Según el auto emitido por el juzgado de Elx, se acusa de presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental al empresario Marío Gil Moreno y a su hermano Antonio Gil Moreno (administradores de la firma Insignia SL y de alguna otra empresa familiar dedicada a la misma actividad). El documento, con fecha del 4 de octubre, se basa en el informe emitido por el Grupo Blanqueo Capitales-BPPJ-UDEF de la Comisaria Provincial de Alicante el 26 de septiembre, en el que se solicitaban nuevas imputaciones, como publicaba hace unos días el diario Información.
El informe de la UDEF avanzaba que se iba a tomar «declaración en presencia letrada en calidad de detenidos» a los mencionados empresarios y a algunos otros que también han sido imputados. La detención y la posterior declaración se produjo el pasado 28 de septiembre en la Comisaría de Quart de Poblet, como ha confirmado la Jefatura Superior de Policía de València. Los acusados quedaron en libertad con cargos y ahora están a la espera de la citación en calidad de investigados para tomarles declaración en el juzgado de Elx.
El caso de los uniformes de Santa Pola arrancó el pasado junio cuando los agentes de la UDEF realizaron registros en el Ayuntamiento de Santa Pola y en Policía Local. La investigación, que inicialmente abarcaba los contratos menores para los uniformes desde el año 2012 hasta la actualidad, se ha ampliado ahora hasta 2008, y ya suma una decena de imputados entre políticos, técnicos y empresarios.
La firma Insignia SL (una de las tres que aparece en el auto judicial) fue la que ganó el concurso para suministrar los uniformes en Torrent en otoño de 2015 por unos 200.000 euros. Desde el principio, el Partido Popular acusó al gobierno local de contratar prendas de colores que incumplían el decreto autonómico y de haber preparado el concurso para beneficiar a la firma ganadora.
El asunto desembocó en una comisión de investigación por la que llegaron a pasar todas las empresas que optaron, así como altos mandos de la Policía Local de Torrent, la directora del Ivaspe y el director general de Seguridad, José María Ángel. Los grupos municipales concluyeron que el principal culpable fue Ángel por su indefinición en los escritos, aunque también cargaron responsabilidad en el jefe de Policía y en el edil de Seguridad, José Antonio Castillejo, a los que se retiraron ciertas competencias.
De forma paralela, el gobierno local llegó a un acuerdo con la firma suministradora para anular el concurso y devolver las prendas, de las que solo pagaría las que se hubieran usado. El concurso fue convocado de nuevo hace varios meses y está a punto de ser adjudicado de nuevo.
