La efeméride del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene un triste apéndice en Paterna. En esa misma fecha, en 2018, el pleno aprobó con los votos de PSOE, PP, Cs y tres ediles tránsfugas, una moción del equipo de gobierno socialista que suspendía la concesión de licencias para instalaciones asistenciales en suelo privado, con el objetivo de frenar un centro de recepción de menores que proyectaba una concesionaria de la Generalitat. La iniciativa del ejecutivo de Juan Antonio Sagredo, respondía a las protestas de un grupo de vecinos del Plantío y Montecañada, área donde está el chalet que acogería la instalación.
Pulso Sagredo-Oltra. El veto al centro de menores fue una bofetada a las políticas de la conselleria de Mónica Oltra, y por extensión de la Generalitat. La titular de Políticas Inclusivas arremetió duramente contra Sagredo, al que acusó de cometer una «barbaridad incivilizada y antidemocrática». El alcalde respondió criticando la «deslealtad institucional e incapacidad política» de la dirigente de Compromís. Del desencuentro verbal político se pasó al judicial. La Abogacia de la Generalitat, a instancias de Oltra, presentó un contencioso pidiendo que se anulara el pleno que aprobó la suspensión de licencias al considerar que la decisión iba contra el interés general y que se había extralimitado en sus competencias. El juez tumbó el recuerso autonómico y falló a favor del del municipio de l'Horta con un argumento demoledor: nada impide que la actividad prevista pueda realizarse en otros centros existente o en otros municipios.
Corriente ciudadana a favor. El veto al centro de menores encontró una amplia respuesta ciudadana a favor de su instalación. Una plataforma ha llegado a aglutinar a más de treinta entidades y colectivos que han reprochado la actitud de Sagredo y el resto de formaciones que suspendieron las licencias. En los últimos doce meses han emitido varios comunicados, incluso asistieron a un pleno en el que realizaron una performance, donde tres menores representaban a los supuestos usuarios del centro y que no podrían utilizar. El clamor por el vet provocó que se pronunciara hasta «Save the Children», que consideró «inconcebible que se esté en contra de proteger a menores vulnerables» y criticando que se viera a los niños «como delincuentes y no como víctimas».
Modificación del PGOU. La suspensión de licencias llevaba aparejada la modificación puntual del Plan General para regular este tipo de centros, y que una consulta popular decidiera si los vecinos de los diferentes barrios están a favor o en contra. Ambas actuaciones deberían haberlas realizado concejales de Compromís durante su estancia en el Gobierno, pero nunca lo hicieron al respaldar la instalación de su conselleria. Meses después de la ruptura del Batà, el PSOE anunció a finales del pasado febrero que Urbanismo iniciaba el expediente para definir de «forma expresa y detallada» el uso asistencial en todo el término municipal. Además, el ejecutivo de Sagredo apuntaba que entre las condicionantes para abrir un centro de menores en Paterna, figura un convenio dialogado con la conselleria, y que la instalación esté próxima a dotaciones deportivas, centros de salud y transporte público.
