El Ayuntamiento de Alboraia ha concluido el plazo de exposición pública del nuevo Plan General de Ordenación Urbana para el municipio. El equipo de gobierno sigue defendiendo el documento, del que afirma que ordena el territorio para su desarrollo durante los próximos 25 años y donde, asegura, «protege el 75% del término, más de seis millones de metros cuadrados de huerta» y que «no incrementa la ocupación de territorio en la costa, dejando como urbano lo que ya es, para conseguir, gratis, equipamientos básicos para el pueblo».

Desde el equipo de gobierno socialista advierten que el PGOU debe aprobarse antes de febrero de 2021, fecha en la que caducará el documento. Por ello, espera poder aprobar el texto con las alegaciones presentadas antes de fin de año para entregarlo a la conselleria, que necesita casi un año de estudio. En la tramitación realizada en los últimos dos años, Alboraia ha gastado un millón de euros, que «tiraremos a la basura si no se aprueba, y este ayuntamiento no se lo puede permitir», advierten.

Por contra, Per l’Horta sigue en contra del PGOU, acusando al alcalde de «limitar el ejercicio del derecho fundamental a la participación ciudadana» en la elaboración del Plan General. El colectivo recuerda que el pleno acordó por unanimidad, una prórroga del periodo de exposición pública hasta que se realizase un verdadero proceso de participación ciudadana en el que el vecindario pudiese opinar y participar para diseñar de manera consensuada el futuro de la localidad. Asimismo se acordó llevar a cabo un Plan de participación pública transparente y con alternativas reales.

Por su parte, días despúes, el alcalde dictó resolución limitada a ampliar el plazo de información pública del Plan General Estructural y el Plan de Ordenación pormenorizada hasta el pasado 25 de octubre. Y sin compromiso alguno acerca del desarrollo del Plan de Participación Pública exigido por el pleno del ayuntamiento.

Per l’Horta califica la actuación de la alcaldía como "arbitraria, incongruente" con el mandato del pleno municipal y “claramente restrictiva de lo expresamente acordado por el pleno del ayuntamiento y que resulta claramente limitativa del diálogo, la participación y el respeto que merece un correcto entendimiento del derecho fundamental a la participación en el ámbito de la planificación urbana”.

El colectivo ciudadano recuerda que el Plan se está justificando en todo momento en "procesos de participación de documentos anteriores y ya desestimados. En tanto que no solo han transcurrido diez años desde aquel proceso y existen nuevos riesgos y problemas no detectados o, al menos, no detectados en toda su intensidad en el momento de la elaboración de aquellos documentos, como son el cambio climático o la regresión del espacio litoral, sino que además se han producido cambios sustanciales en el marco normativo territorial, urbanístico y medioambiental, desde la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana a Ley de l'Horta de València".

La ampliación de alegaciones formuladas por el colectivo advierte además que la unilateral y arbitraria actuación de la alcaldía supone una flagrante vulneración del derecho fundamental a la participación ciudadana que tendra consecuencias judiciales.

Per l’Horta renueva, además, su petición de suspensión de la tramitación del planeamiento en su redacción actual y que se retrotraigan las actuaciones para llevar a cabo un nuevo proceso de participación conforme a un Plan de Participación Pública efectiva y transparente donde se evalúen las diferentes alternativas para mejor satisfacer las necesidades de la población en el marco del interés general y atendiendo a la prudente administración de los recursos naturales y económicos disponibles. Y que una vez concluido ese proceso y obtenido un documento de consenso, se lleve a cabo una nueva evaluación ambiental del conjunto de los referidos instrumentos.

Por su parte, Esquerra Unida Alboraia ha presentado una moción para el próximo pleno en la que solicita la paralización del Plan por «no haberse elaborado un estudio, con la imprescindible participación ciudadana, de nuevos planes que respondan a las posibles reales necesidades demográficas y de servicios de la población de Alboraia. Tampoco existen estudios vigentes y vinculantes a la normativa actual autonómica en materia de impacto ambiental, económico y social ya que los planes e informes existentes hasta ahora no se realizaron conforme a la Ley de l’Horta».

"Es una irresponsabilidad el número de viviendas que se planean construir en Port Saplaya o Patacona, sin servicios para albergar ese número de viviendas ni accesos seguros", afirma la portavoz Marta Martín.

Además Esquerra Unida en Alboraia condena las pintadas aparecidas en mobiliario Urbano del municipio contra el Plan. "Este tipo de actos no se pueden permitir ya que nos perjudican a todos y todas y no van en la línea de trabajo desarrollado desde hace mucho tiempo por vecinos y vecinas, Asociaciones, Plataformas o Partidos que no estamos a favor de este Plan. Por eso las afirmaciones en redes sociales por parte del PSPV-PSOE de Alboraia atribuyendo este tipo de actos al conjunto de quienes trabajamos por la paralización del Plan, nos parecen cuanto menos irresponsables y que destilan un odio de quien sabe que no tiene la razón e intenta ganarla con un juego muy sucio, impropio de quien debería gobernar un municipio para todos y todas. De sobra es conocido por los socialistas de Alboraia que quienes trabajamos por la paralización de este Plan lo hemos hecho y seguiremos haciendo siempre desde el respeto y el cuidado hacia nuestro entorno". En este sentido, la formación insta al PSPV a que "se retracte de sus acusaciones y pida perdón por sus declaraciones fuera de lugar, al conjunto de vecinos, Asociaciones, Plataformas y Partidos que trabajamos en la paralización del Plan".

También Compromís se ha sumado a las críticas por la agresión al patrimonio municipal. "Defender las ideas en que uno cree, sí. Ensuciar el pueblo con esprai, no, nunca en la vida, Que una persona ensucie para defender una idea, no le hace ningún favor a la idea", afirma la portavoz Àngels Belloch.