La dirección de la Entidad Metropolitana de Saneamiento Hidráulico (Emshi) sigue empeñada en no pagar a los municipios de Picassent y Manises un canon anual por albergar las plantas potabilizadoras de agua, que se aprobó en 2007 y que han reconocido diversas sentencias judiciales. Los presupuestos de la Emshi para 2020, que se aprobaron esta semana, contaron con el rechazo tanto de la alcaldesa de Picassent, Conxa Garcia (PSPV) como del alcalde de Manises, Jesús Borràs (Compromís).
Aunque los representantes de ambos consistorios han votado en contra de las cuentas en los últimos tres años, en esta ocasión hicieron más patente su queja porque «ahora es una legislatura nueva, con nueva presidenta y nuevos representantes» a los que consideraron que tenían que informar del problema y hacerles ver que «están incumpliendo una sentencia muy clara».
Por su parte, la presidencia de la institución, la edila de València Elisa Valía, alegó que la última sentencia no es firma y, cuando lo sea, se abonará lo que establezca pero la decisión de no conceder el canon está avalada por informes técnicos de la entidad.
Un pago de 2006
El canon se creó en el año 2006, con la presidencia del popular Enrique Crespo, en una votación por unanimidad, y establecía el cobro aproximado de 500.000 euros anuales para cada municipio. La medida entró en vigor en 2007 y se mantuvo hasta que, en 2011, la dirección de la Emshi, aún en manos del PP, planteó anularla, con el apoyo de todo el pleno excepto el rechazo de ambos municipios afectados, que emprendieron una batalla administrativa que acabó en los tribunales. Cada consistorio planteó un recurso contencioso-administrativo que ganó, por lo que, años después, la Emshi se vio obligada a abonar cerca de cuatro millones de euros (dos por cada ayuntamiento) de los que les queda por cobrar un semestre.
El fallo estableció que el acuerdo para anular el canon era nulo , por lo que correspondía a cada ayuntamiento cobrar los 500.000 euros por ejercicio. La sentencia también reconoció el derecho de los dos municipios a recibir en el futuro una compensación anual que tendría que negociarse por albergar las plantas.
«Hemos intentado sentarnos con la Emshi para llevar a un acuerdo sobre este asunto pero no ha habido forma. Creen que no tienen que pagarnos ningún canon aunque haya una sentencia», explica la alcaldesa de Picassent, Conxa García, que realizó una larga y dura intervención en el pleno para explicar todo el proceso.
Gobierno progresista
Con el cambio de gobierno en la Emshi en 2015 y la presidencia socialista de Vicent Sarrià, edil entonces del Ayuntamiento de València, la institución no cambió de planteamiento sino que mantuvo la anulación del canon. La entidad pagó lo que establecía la sentencia a los dos ayuntamientos pero no se ha habilitado, en ninguno de los tres siguientes ejercicios, una partida presupuestaria para mantener este pago anual. Incluso hubo un intento de aprobar una partida de un euro para pagar este canon. Por ello, los consistorios fueron al juzgado de nuevo y, en el caso de Picassent, hubo una nueva sentencia, que todavía no es firme, reconociendo el derecho del ayuntamiento a cobrar los 500.000 euros anuales, en tanto en cuanto no se negociara otra cantidad, por considerar que el acuerdo de 2006 sigue vigente.
Tras la aprobación de los presupuestos, tanto la alcaldesa de Picassent, Conxa García, como el alcalde de Manises, Jesús Borràs, han asegurado a Levante-EMV que volverán a recurrir el acuerdo por todas las vías que tengan a su alcance y no descartan volver a los tribunales, lo que puede retrasar la entrada en vigor de las cuentas. «La sentencia es bien clara y dice que tenemos derecho a cobrar ese dinero. Una institución no puede saltarse una sentencia», dicen.
