El Ayuntamiento de Alboria la conseller de Vivienda han firmado un convenio para la cesión por parte del departamento autonómico del derecho de tanteo y retracto al consistorio para que pueda adquirir vivienda pública y poder optar a las subvenciones con la finalidad de cubrir las necesidades habitacionales y sociales del municipio.
El acuerdo se suscribió durante la visita que el conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau y la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga, realizaron a al municipio, donde fueron recibidos por el alcalde, Miguel Chavarría, junto con la concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla.
Durante la visita, el vicepresidente de la Generalitat se interesó por el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, ya que este «permitiría en un futuro dotar tanto desde conselleria como desde el ayuntamiento de vivienda pública a los vecinos y vecinas», afirma el alcalde Miguel Chavarría.
El convenio de la Generalitat con los ayuntamientos es el resultado del Decreto Ley 6/2020, de 5 de junio, del Consell, para la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto. Con él, la Generalitat puede ceder los derechos de adquisición preferente al municipio donde se ubique la vivienda objeto de tanteo o retracto, algo que podrá ejercer directamente o a través de un ente público en el que delegue las competencias de vivienda.
Agilizar las tramitaciones
Con este mecanismo se agilizan las tramitaciones relativas a las adjudicaciones de los inmuebles, al ser los servicios sociales municipales los encargados de realizar los informes de las familias que necesitan una vivienda de manera urgente, el ayuntamiento puede actuar de manera directa ofreciendo una alternativa inmediata a esas personas.
Alboraia es el tercer ayuntamiento de la Comunitat y el primero de la provincia de Valencia, tras los municipios alicantinos de San Joan de Alacant y Sant Vicent del Raspeig. Ambos lo suscribieron el pasado mes de noviembre.
El convenio tiene una vigencia de un año, con posibilidad de prorrogarse. Una comisión mixta supervisará y controlará el cumplimiento del mismo.
