La ola de frío que azota la Comunitat Valenciana y la diversidad de criterios o medidas que se han ido aplicando en los municipios, ha movido a trece alcaldesas y alcaldes de l’Horta Sud del PSPV a dirigir una carta de queja al conseller, Vicent Marzà, en la que le recriminan su “falta de liderazgo” a la hora de afrontar el problema y asumir sus competencias.
Tras diversos intercambios de opinión entre ellos y los problemas que se han ido encontrando esta semana, así como la presión ciudadana y sindical para que se cerraran los colegios, el asunto se abordó en la reunión que la ejecutiva comarcal, que lidera el edil de Torrent, Andrés Campos, y en ella se decidió dar un toque de atención al conseller, por considerar que estaba trasladando la responsabilidad a los ayuntamientos. El secretario general comarcal y diputado provincial, Andrés Campos, exige a Marzà que “no se lave las manos en este asunto”.
La queja se ha traducido en una carta que firman trece mandatarios y mandatarias de Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Benetússer, Mislata, Picassent, Picanya, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent y Xirivella. Y a ella se han sumado portavoces socialistas de Manisesa, Paiporta, Catarroja y Beniparell, donde el PSPV gobierna con Compromís, que tiene la alcaldía, y Massanassa, donde está en la oposición.
Los alcaldes y alcaldesas exigen a la conselleria un “marco regulador o referencial” que sea el que determine la suspensión o no de la actividad escolar en los municipios por razones meteorológicas, una cuestión que a lo largo de los últimos años ha generado ciertas polémicas. En el documento, le indican a Marzà que cuenta con “toda su colaboración” aunque le recuerdan que el Estatut d’Autonomia “es muy claro” y la educación “es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana”.
“La cuestión es generar unos criterios básicos, una herramienta de la Conselleria que determine en qué momentos deben suspenderse las clases, una cosa es la competencia municipal ante determinadas cuestiones de protección civil y otra muy distinta el lavarse las manos, como hacen algunos, con las competencias en materia educativa”, ha afirmado Andrés Campos, secretario general de los socialistas en la comarca y diputado provincial.
Una prioridad
En la carta, las alcaldesas y alcaldes indican que “la educación es y ha sido una prioridad fundamental para la administración local” y los gobiernos municipales. No obstante, matizan que la “cogobernanza y colaboración” en esta materia, “requieren un liderazgo por parte de la conselleria, a la hora de decidir la suspensión o no de la actividad lectiva en función de las diversas circunstancias que se producen “en el transcurso del curso escolar”.
“La unidad de acción y un criterio compartido han de ser pilar en la gestión pública, garantizando a la ciudadanía cohesión y coherencia en la actuación de las administraciones públicas”, esgrimen. De ahí que consideran que el análisis de circunstancias climatológias “no se puede entender como exclusiva” de los ayuntamiento sino que se “ha de determinar, dentro de la flexibilidad, un marco regulador o referencial para establecer unos parámetros” para la suspensión de las clases.
“Es competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, nivel y grados, modalidades y especialidades”, recalcan las alcaldías, por lo que indican a la Conselleria de Educació que “no puede en ningún caso desentenderse de lo que ocorre en el conjunto de la comunidad educativa", reiteran.
Asimismo, argumentan que la competència municipal en la suspensión de actividades recogida en la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias “otorga la potestad suspensiva” exclusivamente en los casos de “grave riesgo, catástrofe o calamidad pública dentro del termino municipal”, cuestiones que “superan ampliamente las circunstancias referidas”.
“Los ayuntamientos, como siempre hemos hecho, continuaremos trabajando, codo con codo, con todas las administraciones competentes para garantizar una educación de calidad, igualitaria y en las mejores condiciones posibles, pero requerimos que al órgano competente un compromiso firme y un liderazgo claro en cuestiones como la planteada”, insisten los alcaldes y las alcaldesas, además de reclamar “un protocolo, marco de referencia o baremos que determinen la viabilidad del mantenimiento de las actuaciones lectivas, que den a los centres escolares una garantía con datos concretos con los que se puedan tomar decisiones”.
