El pacto estatal sellado por PSOE y Podemos para fijar un límite en los precios del alquiler afectará a casi la mitad de la comarca. Algunos representantes municipales de l’Horta, aún a la espera de conocer en profundidad la ley, esperan que esta legislación se beneficie a la mayor parte de la ciudadanía.
Aunque resta por determinar cómo se aplicará la futura Ley de Vivienda y qué administración la ejecutará, la Generalitat ya tiene marcado en rojo la hoja de ruta que marcaría la implantanción de la normativa, en caso de ser finalmente la autonomía la garante del documento. Su intención, con toda probabilidad, es utilizar como base el catálogo que tiene en su poder la conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Se trata del Observatorio del Hábitat, un estudio elaborado en 2020, con datos de marzo de ese ejercicio, donde se detallan las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) de la C. Valenciana, bajo tres niveles: Alta, Media y Baja.
En este sentido, la previsión del departamento autonómico que ahora dirige Héctor Illueca, es fijar el límite máximo del precio del alquiler en los municipios catalogados con una necesidad de vivienda alta, las que considera más tensionadas. Las ANHA se delimitan con arreglo a un índice de referencia calculado a partir de la relación que existe entre la demanda y la oferta de vivienda pública en las poblaciones.
Así, un total de 19 localidades ( 44,1%) de l’Horta figuran en el listado de necesidad alta. En concreto, están incluidas Paterna, Manises, Aldaia, Silla, Burjassot, Alaquàs, Alfafar, Picassent, Paiporta, Moncada, Tavernes Blanques, Picanya, Quart de Poblet, Torrent, Massamagrell, Xirivella, Bonrepòs i Mirambell, El Puig y Albal.
Y cómo valoran los consistorios de la comarca la futura ley. Tomando como referencia a la población más grande de l’Horta y a otra menor, pero en la costa, Torrent y El Puig hablan del impacto de fijar el precio del alquiler. Andrés Campos, portavoz del equipo de gobierno torrentino, explica que esperan «a conocer en profundidad la futura ley, para saber cómo se aplicará» en la capital de l’Horta Sud, con un parque de hogares de 29.850. En cualquier caso, apunta Campos, «como hemos venido haciendo hasta ahora, nuestra intención es seguir impulsando las políticas de vivienda para jóvenes, así como aquellas acciones de caracter social que beneficien al conjunto de la ciudadanía».
Desiquilibrio entre precio y salario
Por su parte, la alcaldesa del Puig, Luisa Salvador, coincidió con Campos en que « todavía tenemos que estudiar bien qué dice la ley», pero «al margen de eso, soy partidaria de controlar los precios de los alquileres de alguna manera para que sean más asequibles para todos los bolsillos, ya que la gente joven se encuentra con el grave problema de que los salarios que tienen no dan para más. Hay una gran descompensación entre salarios y precios». La dirigentes afirma «entender al que tiene un piso en alquiler y quiere sacar el mayor rédito posible pero también hay que ser coherentes en lo que está cobrando la gente».
Un estudio detecta incrementos de hasta el 35%
Aunque la conselleria de Vivienda se decanta por utilizar los datos del Observatorio del Hábitat 2020 referente a la ANHA, también recuerda que en 2019 se elaboró un diagnóstico del precio del alquiler para conocer los lugares más tensionados. En este sentido, el documento analiza la evolución el precio del arrendamiento en 27 localidades de la comarca durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Así, la principal conclusión del citado estudio es que en ocho de esos 27 municipios se había producido un incremento superior al 20% en el precio del alquiler durante ese periodo trianual: Alaquàs (23,15%), Alboraia (21,75%), Burjassot (21%), Moncada (35,5%), Paterna (22,2%), Picanya (22%), Puçol (26%) y Rafelbunyol (22,8%).
