“La ley húngara es una vergüenza”, ha advertido este martes el líder del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, sobre la ley promovida por el Gobierno de Viktor Orbán que equipara homosexualidad con pedofilia y que impide abordar la homosexualidad en las escuelas. “Requiere una reacción de firmeza. Ya está bien”, ha exigido la jefa de filas de los socialistas, Iratxe García. “Ha llegado el momento de actuar suspendiendo la adopción del plan de recuperación húngaro”, se ha sumado el liberal Dacian Ciolos.

Los tres grandes grupos del Parlamento Europeo, junto a los Verdes y la Izquierda, han aprovechado el debate este miércoles sobre las conclusiones de la última cumbre de jefes de estado y de Gobierno de la UE y una discusión posterior sobre la situación del estado de derecho en Hungría y Polonia para redoblar la presión sobre el Ejecutivo comunitario y arremeter con dureza contra la polémica ley húngara, que entra en vigor este jueves 8 de julio, y que la propia presidenta de la Comisión Europea ha vuelto a calificar de vergüenza.

"Se utiliza como coartada la protección de menores para discriminar fuertemente a personas por su orientación sexual. Es una vergüenza. Va en contra profundamente de los valores fundamentales de la UE, la protección de minorías, la igualdad y la defensa de los derechos humanos", ha criticado Ursula Von der Leyen urgiendo a Hungría a corregir el tiro o enfrentarse a las consecuencias. 

“Como saben los comisarios (Didier) Reynders y (Thierry) Breton se han dirigido por escrito a las autoridades húngaras para manifestar nuestras objeciones jurídicas respecto a esta ley. Si Hungría no corrige el tiro, la Comisión utilizará los poderes que tiene como guardiana de los tratados. Vamos a a utilizar estos instrumentos sea cual sea el Estado miembro que incumpla la legislación comunitaria”, ha avisado.

Mecanismo de condicionalidad

Bruselas eleva así el tono, avisa de que no se quedará “cruzada de brazos” mientras regiones enteras se declaran zonas libres de LGTIBQ y amenaza con utilizar todos los instrumentos a su alcance para castigar al gobierno Orbán, lo que incluye desde la apertura de un procedimiento de infracción y una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE hasta la activación del nuevo mecanismo de condicionalidad que permite bloquear la financiación europea. “Se tomarán medidas si se establece que hay violaciones que pueden afectar la buena gestión del dinero público. No queremos perder ni un solo céntimo”, ha avisado la conservadora alemana.

La Comisión Europea cuenta además con otra bala en la recámara. El posible bloqueo del plan nacional de recuperación de Hungría que dará acceso a Orbán a 7.000 millones en ayudas a fondos perdido para relanzar la economía tras la crisis provocada por la pandemia. Bruselas tiene hasta el 12 de julio para emitir su recomendación y de momento no ha tomado una decisión. "Hungría no ha pedido una extension (del plazo de dos meses de evaluación) por el momento y estamos en fase de análisis", ha explicado el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni.

Aunque la decisión final sobre la validación de los planes de recuperación recae en el Consejo -por mayoría cualificada- Bruselas puede bloquear la aprobación si considera que no aborda las recomendaciones económicas por país lo que en el caso húngaro incluye la lucha contra la corrupción, la independencia judicial o una mayor vigilancia de las contrataciones públicas.

Precisamente, un borrador de resolución conjunta apoyado por los cinco grandes grupos de la Eurocámara, y que se votará este miércoles, "cuestiona seriamente" la capacidad de las autoridades húngaras de gestionar los fondos europeos de forma no discriminatoria, expresa "serias preocupaciones" respecto al borrador de plan de recuperación y urge a Comisión y Consejo a no aprobarlo si se determina que los fondos europeos "contribuirán a la vulneración de los derechos fundamentales en Hungría".