Mala praxis judicial

El escándalo del 'Post Office' británico: una serie de TV saca a la luz la condena injusta contra 900 carteros por un error informático

El Gobierno de Rishi Sunak se compromete a resarcir cuanto antes a las víctimas por los daños ecológicos y económicos

Imagen promocional de la serie Mr Bates vs The Post Office, de la cadena ITV.

Imagen promocional de la serie Mr Bates vs The Post Office, de la cadena ITV.

Lucas Font

Ha hecho falta una serie de televisión para poner de nuevo bajo los focos uno de los mayores escándalos judiciales de la historia reciente del Reino Unido. Fue entre 1999 y 2015 cuando la Oficina Postal británica acusó a cerca de 4.000 trabajadores de robo, fraude y falsedad contable, de los cuales cerca de 900 fueron condenados por unos delitos que no cometieron y que han sido atribuidos a un error en el sistema informático de la compañía. A pesar de los esfuerzos de los afectados por poner de relieve su situación en los últimos años, ha sido la emisión de la serie 'Mr. Bates vs the Post Office' en la cadena ITV la que ha puesto al Gobierno manos a la obra para resarcir cuanto antes a cientos de personas por los daños económicos y psicológicos sufridos.  

"Nos aseguraremos de que la verdad salga a la luz, de corregir los errores del pasado y de que las víctimas obtengan la justicia que merecen", ha asegurado el primer ministro, Rishi Sunak, este miércoles en la Cámara de los Comunes. "Personas que trabajaban duro para servir a sus comunidades vieron destruidas sus vidas y su reputación sin tener absolutamente ninguna culpa. Las víctimas deben obtener justicia e indemnizaciones". El Gobierno pretende anular las condenas en los próximos meses con la aprobación de una ley en el Parlamento y compensar a los afectados con 600.000 libras esterlinas (697.000 euros), con un coste total de más de 520 millones de euros para los contribuyentes. 

Penas de cárcel

Cientos de subdirectores de las oficinas postales fueron víctimas durante años de los errores del sistema informático Horizon, gestionado por la empresa Fujitsu, que calculaba el dinero y las existencias en cada sucursal a través del registro diario de las transacciones. Las cantidades calculadas por el programa informático no coincidían con las registradas por los trabajadores, algo que llevó a muchos de ellos a ser condenados erróneamente con cuantiosas multas e incluso con penas de cárcel. Al menos cuatro de ellos se quitaron la vida, mientras que otra mujer ingresó en prisión estando embarazada. 

Los errores del sistema fueron denunciados durante años por un grupo de 555 afectados, que consiguieron una sentencia favorable en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales en 2019. En ese momento, el juez consideró probados los problemas informáticos y expresó su "grave preocupación" por lo ocurrido. La directora general de la Oficina Postal entre 2012 y 2019, Paula Vennells, pidió disculpas al año siguiente por el "sufrimiento causado", pero no ha sido hasta ahora que ha renunciado a su distinción como comandante de la orden del Imperio Británico, tras la firma de una petición por parte de más de un millón de ciudadanos.

Depuración de responsabilidades

A pesar de la sentencia judicial de hace cinco años, por ahora tan sólo 93 de las 900 condenas judiciales han sido revertidas, algo que el Gobierno está tratando ahora de acelerar. Al margen de las decisiones del Ejecutivo, sigue en marcha una investigación pública desde 2021, en la que han comparecido varias de las personas implicadas en ese momento, incluidos los investigadores de la Oficina Postal que garantizaron que no había fallos en el sistema informático. Uno de ellos, Stephen Bradshaw, ha reconocido este jueves que fueron los abogados de la compañía los que redactaron su declaración en 2012 en la que mostraba su absoluta confianza en la eficacia del programa Horizon.

Por ahora ningún responsable de la empresa postal ni de Fujitsu han sido condenados por estos errores, aunque la Policía Metropolitana está estudiando posibles delitos de fraude en la Oficina Postal, según la prensa británica, que estarían relacionados con las medidas que utilizaron para recuperar el dinero supuestamente robado por los responsables de las oficinas. Los abogados de las víctimas sostienen que sus clientes fueron presionados para declararse culpables de delitos menores para evitar penas de cárcel, unos delitos que acabaron reconociendo en algunos casos.