Milei quiere anular el derecho al aborto y plantea un revisionismo indulgente de la dictadura

El Gobierno de ultraderecha argentino ofrece a diario muestras de su audacia. Además de aspirar a un reordenamiento de todos los ámbitos de la vida económica, expresa su voluntad de erradicar algunas de las conquistas del pasado reciente como el derecho al aborto e, incluso emite señales favorables a una reescritura de la trágica historia de este país que arroje un manto de indulgencia política sobre la última dictadura militar (1976-83).

El jefe de abogados del Estado, Rodolfo Barra, acaba de expresar su "fundada esperanza" de que este año se anule la ley que legalizó la interrupción voluntaria del a fines de 2020. Según Barra, un exministro y exintegrante del Supremo en la presidencia de Carlos Menem (1989-99), "en algún momento" se crearán las condiciones para derogar esa norma, en consonancia con las palabras del presidente Javier Milei en Davos, donde habló de "la agenda sangrienta del aborto". El primer paso en esa dirección ha sido un decreto del Ejecutivo que declara al 2024 como el 'Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad'.

Como parte de este giro radical, Milei ha designado al exdiputado Francisco Sánchez al frente de la Secretaría de Culto. La gran novedad de este nombramiento tiene que ver con que Sánchez está relacionado con los evangélicos pentecostales y ha lanzado sonoras diatribas contra el papa Francisco, de las que dijo estar arrepentido días atrás para no perturbar el viaje del presidente al Vaticano, previsto para el 12 de febrero.

Defensa de los militares condenados

Pero, además, el flamante funcionario es un entusiasta promotor de una revisión de lo ocurrido hace casi medio siglo en Argentina, cuando las Fuerzas Armadas asaltaron el poder. Los organismos defensores de los derechos humanos, repite, promueven "un relato" de aquellos trágicos hechos "que choca con la verdad histórica". Sánchez llegó a su puesto en virtud de las muy buenas relaciones que mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel, hija de un exoficial contrainsurgente que peleó en la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, y que ha adquirido visibilidad por su encendida defensa de los exuniformados que han sido condenados por delitos de lesa humanidad.

Una "oportunidad dorada"

Ese universo de afinidades va de Sánchez a Villarruel y de ella a Javier Olivera Ravasi, capellán de una parroquia en una lujosa urbanización del norte bonaerense. "La conozco hace veinte años por el trabajo que está haciendo en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), pero no soy su sacerdote”, dijo sobre la vicepresidenta. El padre del religioso, Jorge Antonio Olivera, cumple prisión domiciliaria por haber sido parte de la represión en los setenta.

Formado en El Instituto del Verbo Encarnado (IVE), una institución vinculada al lefebvrismo, la corriente católica opuesta al Concilio Vaticano II, Ravasi reclama con vehemencia la libertad de los exuniformados que "combatieron al terrorismo marxista" y han sido sancionados por su responsabilidad en secuestros, torturas y desapariciones. A partir de la anulación de las leyes de impunidad han sido condenados casi 1.200 personas por estos crímenes. Ravasi cree que la llegada de Milei a la presidencia es una "oportunidad dorada" para convertir en actos sus plegarias.

Una petición al presidente

El párroco no predica en el desierto. En una reciente carta a los lectores remitida al diario 'La Nación', la activista contra los procesos judiciales, Cecilia Pando, y familiares exuniformados que purgan condenas, entre ellos las hermanas de Alfredo Astiz, uno de los símbolos de la dictadura, conocido como el 'ángel de la muerte', reclamaron a Milei que devuelva a sus hogares a quien solo han sido "víctimas del terrorismo judicial". Ellos se han preguntado "por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas" en plena campaña electoral y "retienen presos" a esos hombres "hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes".

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, actualizados antes de la llegada de Milei a la presidencia, sólo el 18% de las personas investigadas por delitos de esa naturaleza atraviesa el proceso judicial bajo arresto. De ese total, el 77% ya se encuentra bajo el régimen de arresto domiciliario. El reclamo de Pando parece apuntar por lo tanto en otra dirección que fue desvelada en plena campaña electoral. En ese momento consideró que, en caso de acceder a la presidencia, el anarco capitalista debería "como primera medida" buscar "una solución para aquellos militares, fuerzas de seguridad, civiles y policías que están ilegalmente detenidos".

Milei, dijo entonces, tendría que hacerlo "porque probablemente la Argentina que se viene va a tener que tomar medidas no gratas que traigan aparejadas un incremento de conflictividad social" en un país con 45% de pobres. Las "medidas no gratas" llegaron, entre ellas una devaluación del 118% de la moneda y una inflación que, en los primeros dos meses de Gobierno amenaza con llegar al 50%. Pando avizoraba una protesta que no se demoró en llegar y puede intensificarse. Eso -dijo- "tal vez" requiera "la participación de las fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas para restablecer el orden". Sin embargo, remarcó hace dos meses, eso no podría suceder si se mantienen los juicios pendientes y las condenas. En la década de los 70, explicó, los militares "cumplieron órdenes de gobiernos constitucionales". Sin embargo, "terminaron todos presos". Por eso, "¿quién les garantiza a las fuerzas de hoy que no terminen de la misma forma?".

Nombramiento sugerente

Hasta el momento, Milei no ha respondido positivamente a la petición. Sin embargo, el mandatario tomó semanas atrás una decisión de amplio impacto al pasar a retiro a 21 generales del Ejército y colocar al frente de esa institución al general Alberto Presti. Al igual que el capellán Olivera Ravasi, su padre, el excoronel Roque Presti, estuvo involucrado en el terrorismo estatal en calidad de comandante del Regimiento de Infantería 7 de la ciudad bonaerense de La Plata, responsable de los centros clandestinos de detención que funcionaron en zonas aledañas. Falleció antes de que se reabrieran los juicios. Durante una reciente ceremonia, Petri hijo pidió dejar "de mirar al pasado constantemente" para demonizar a las instituciones castrenses "como se hizo durante mucho tiempo". A las Fuerzas Armadas, remarcó, "se las reivindica”.

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