El Ayuntamiento de Gilet y la empresa encargada hasta ahora del servicio de recaudación iniciarán en breve una batalla legal. De momento, la empresa ya ha anunciado la presentación de un contencioso administrativo contra el consistorio a causa de la reciente rescisión de su contrato. Mientras, el equipo de gobierno ya ha confirmado a Levante-EMV que quiere interponer una denuncia contra la sociedad por supuestas irregularidades en la liquidación que ésta ha presentado y en la misma recaudación.
Según explicó el concejal del equipo de gobierno Salvador Ortí en el último pleno, la sociedad incluso se hizo su propia liquidación de forma unilateral, «y además, se ha quedado directamente con el dinero que cree que le corresponde». Junto a ello, afirmó que «se están pasando cobros que los vecinos ya han pagado» y añadió: «Esto no es de recibo. Hay razones suficientes para que presentemos una denuncia». A este respecto, la secretaria-interventora del ayuntamiento está preparando un informe en el que se describe detalladamente las irregularidades presuntamente cometidas por la empresa y que son objeto de denuncia.
A preguntas de este diario, desde la empresa no se ha querido a entrar a valorar el tema de la denuncia que prepara el consistorio contra ella, porque «desconocemos tal información», aunque no se niega que se haya cobrado ya la liquidación.
Respecto a los argumentos de la firma para recurrir la rescisión, el gobierno local explicó en el pleno que la empresa entendía que ésta se había realizado de forma unilateral cuando cabía la renovación automática al contemplarse la posibilidad de prórroga.
Desde la sociedad se apuntó luego a este diario que el contencioso se interpondrá por varios motivos. Por un lado, al considerar que la anulación del contrato tiene defectos de forma. «Se hace a través de una resolución de alcaldía y entendemos que no es el órgano competente puesto que la adjudicación del contrato la hizo el pleno, por lo que la rescisión debe hacerla también el pleno y no ha sido así» explicaba el portavoz de la empresa. Por otro, añadía que «la rescisión no cabe, no a lugar» y apuntaban que tienen derecho a prórroga.
Tanto un extremo como otro se niega por parte del equipo de gobierno desde donde aclaran que el contrato expiró en el mes de diciembre y que, con seis meses de antelación ya se comunicó a la empresa que no se le va a renovar «tal y como exige la ley».
Como ya informó este diario, será ahora la diputación la que se encargue del servicio de recaudación en Gilet; una opción que, según la oposición del PSPV-PSOE resultará más cara que la anterior y que su portavoz, Salva Costa, ya criticó, advirtiendo del riesgo de que el consistorio se viera abocado a una nueva batalla legal y a dificultades hasta que se normalizara el servicio. Sin embargo, el gobierno considera que así se aumentará la recaudación y que, por lo tanto, esta opción resultará más económica al ganar efectividad e ingresar más en las arcas municipales.
