Una modificación de créditos por valor ligeramente superior al millón de euros ha enfrentado al actual y al anterior gobierno municipal de Sagunt. Aunque esta operación servirá para cubrir diversos gastos de personal por valor de 115.000 euros, luz (40.000 euros), trabajos realizados por empresas (20.000), así como actividades sociales, educativas y promocionales (15.000 euros), dos partidas de transporte urbano y servicios sociales centran la polémica, después de que el tripartito presentara la propuesta en una reciente comisión de Hacienda.
La primera asciende a 650.258 euros correspondientes a los déficits de explotación del transporte urbano de pasajeros entre los ejercicios 2011 y 2014, que el ayuntamiento debe hacer frente según el convenio firmado con Autos Vallduxense (AVSA), la empresa concesionaria del servicio. La concejala de Hacienda, Teresa Garcia, señala que «desconocemos el motivo, pero lo cierto es que no se ha hecho frente a los pagos desde hace cuatro años y así se puede entender la falta de inversiones en la flota de autobuses que los usuarios han padecido y denunciado».
Desde el anterior gobierno, mientras, el exalcalde, Sergio Muniesa, apunta que «la contribución mensual se abonaba puntualmente y quedaba pendiente la regularización por el déficit de explotación, porque la empresa no la había reclamado». Según esta versión, AVSA, con la que «siempre mantuvimos una relación muy fluida», estaba pendiente de que la Generalitat aportara la documentación necesaria para posteriormente hacer los ajustes pertinentes y proceder a la liquidación.
Sobre este aspecto, Muniesa asegura que «la cantidad que ahora se ha consignado —los algo más de 650.000 euros— no está clara. De hecho nuestras estimaciones cuando presentaron la documentación a finales de año era inferior a los 400.000 euros». Sin embargo, Garcia replica que «nosotros hemos seguido las indicaciones del interventor, que dice que hay que pagarlo todo, aunque todavía no sabemos si lo abonaremos todo en un plazo o lo haremos de forma fraccionada».
Más allá de esta polémica, desde el anterior gobierno se apunta que «la modificación de créditos es necesaria porque el ayuntamiento sigue funcionando con el presupuesto prorrogado de 2009, lo que hace que en determinadas partidas no haya la consignación suficiente, pero dinero hay, porque, además de los 3,2 millones de superávit del último ejercicio, la caja municipal tenía más de 12 millones de euros cuando se hizo el traspaso de poderes», apunta Muniesa.
175.000 euros en servicios sociales
La otra gran partida a la que se ha dotado de fondos con este instrumento presupuestario son los servicios sociales, concretamente 175.000 euros en prestaciones económicas individualizadas. Estos pagos «inaplazables», según los define la concejala de Hacienda, requieren de esta modificación, ya que en el último presupuesto aprobado apenas se reservaron 270.000 euros a subvenciones de necesidades básicas y emergencia social, una cantidad que se multiplicó por cuatro en el último ejercicio.
Frente a las acusaciones del tripartito, Sergio Muniesa ha contraatacado recordando que «cuando nosotros llegamos al gobierno municipal en 2007 sí había problemas de liquidez, con 7 millones en facturas sin consignación presupuestarias y sin garantías económicas para hacer frente a las nóminas de finales de año».
