El Ayuntamiento de Sagunt escenificó ayer su total fractura en relación con el futuro de Lafarge y su necesidad de caliza, uno de los temas más importantes que se le presenta en este mandato, según coinciden ambas partes. Si el tripartito ha dejado claro que no permitirá que se tale ni un árbol más en monte público para abrir canteras, la oposición en bloque fue también rotunda al priorizar los puestos de trabajo de la cementera y exigir que «se remuevan los obstáculos legales» para explotar Las Margas y el Piñal y garantizar así la viabilidad de la planta.
En representación de los 13 concejales que conforman la mayoría en el pleno, los portavoces de PP, IP, PSPV y C's comparecieron conjuntamente para denunciar la gravedad de la estrategia trazada desde el gobierno local en torno a las actividades extractivas, que amenaza, coincidieron en señalar, el futuro de la fábrica y de cientos de familias. «Dicen que quieren la continuidad de la planta —en referencia al tripartito— pero sus actos muestran lo contrario», aseguró Raúl Castillo (C's).
En esta línea, Manuel González (IP) apuntó que «Lafarge ha sabido adaptarse a la crisis, pero el equipo de gobierno está dando herramientas a la dirección de la multinacional para que prescinda de esta fábrica por un motivo justificado, como sería no poder sacar la caliza de alguna cantera cercana».
Por su parte, Francisco Crispín (PSPV) reivindicó el trabajo culminado en 2008 por una mesa técnica, que determinó que «las reservas para Lafarge están en Salt del Llop y el Piñal, así que, aunque el tripartito no quiera, hay que agotar las posibilidades para encontrar una solución que compagine el mantenimiento de los puestos de trabajo y la conservación del paraje natural bajo esa premisa».
Además de acusar al gobierno de ocultar los informes municipales sobre la solicitud de Lafarge para explotar las 14 hectáreas de las Margas —contigua a la actual explotación— la oposición denunció que Compromís, EU y ADN Morvedre «no nos informaron del requerimiento de documentación por parte de la Generalitat hasta el día que se acababa el plazo, porque no querían llevarlo a pleno al saber que lo tenían perdido», apuntó Sergio Muniesa (PP). «La falta de información a la oposición —añadió Crispín— no es producto de la bisoñez, sino de la estrategia del alcalde, propia de los trileros, para ocultarla».
Sobre la postura del tripartito en torno a la legalidad de abrir una cantera en las dos zonas que reclama Lafarge, el popular aseguró que «ahora dicen que no es posible y dan la falsa apariencia de dar oportunidades a la empresa, cuando en los últimos meses sólo han buscado la confrontación».
Un «acomodo» a la legalidad sería suficiente, según el socialista, para superar la actitud «hipócrita» del gobierno local, mientras que el segregacionista puso como ejemplos «el norte del Palancia o Fusión, proyectos que no se ajustaban a la ley hasta que se hicieron los cambios urbanísticos que lo permitieron. Es un problema de voluntad política —insistió González—de la que el tripartito ha demostrado carecer en este asunto, porque, en caso contrario, hubiera convocado a los técnicos de Lafarge antes de emitir los informes desfavorables a la ampliación a Las Margas».
Algo en lo que parecen de acuerdo los dos bandos en este «conflicto» es la necesidad de cambiar el convenio firmado hace dos años y medio por empresa y ayuntamiento, al quedar «obsoleto y ser inútil e incluso perjudicial para el traslado de la cantera al Piñal», dijo Crispín, quien apuntó que esta zona «tiene menor valor natural y paisajístico que la montaña de Romeu».
Tarjeta amarilla al tripartito
Los portavoces de la oposición en Sagunt justificaron su posicionamiento conjunto en la «gravedad» del tema y en la necesidad, según destacó González, de advertir al tripartito que «va por mal camino». «Ya es el gobierno más oscuro de la historia», dijo Muniesa, mientras Crispín sacó la «tarjeta amarilla, por esta falta y la acumulación que lleva en menos de 3 meses».
