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Sagunt cree que el expediente por los patos refuerza la prohibición

El consistorio puede enfrentarse a una multa de hasta 60.000 euros por la suelta de 2013

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, ha afirmado que el expediente sancionador abierto por la conselleria de Justicia al ayuntamiento por la suelta de patos de 2013, «reafirmar la posición» de su gobierno, que el año pasado negó el permiso para su celebración.

El mandatario saguntino ha querido dejar claro que su deber es «cumplir la legalidad vigente» por lo que mantendrá su postura de no permitir la suelta de patos vivos en las cucañas del Port, previstas para el lunes, como ya hizo el verano pasado sustituyendo los animales por pelotas y patos de goma con premios.

Pese a la falta de asistencia de los peñistas al evento en 2015, que algunos calificaron de «boicot», ante la postura del consistorio de prohibir la suelta, el tripartito mantendrá su posición firme en aras de «cumplir la legalidad», aunque ya se está trabajando en garantizar un buen espectáculo tal y como se anunció en la edición anterior.

En cuanto al expediente sancionador, cuyo trámite ya se ha iniciado, desde la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los animales (ANPBA) se asegura que responde a una «infracción muy grave» tipificada en la ley de espectáculos 14/2010.

Según la norma, dentro de su régimen sancionador, el ayuntamiento podría exponerse a una multa que oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros e incluso también se contempla la inhabilitación para la organización de este tipo de actos recreativos, tal y como se recoge en la ley.

A este respecto, el alcalde avanzaba a Levante-EMV que «recurriremos o alegaremos siempre que se pueda» con el propósito de «eludir cualquier tipo de sanción». La apertura de este procedimiento sancionador responde a la denuncia interpuesta por ANPBA contra la suelta de patos de 2013, durante el gobierno del PP.

Hay que recordar también que la última sentencia con respecto a este asunto fue la de 2014 del juzgado de lo Contencioso Administrativo que resolvió contra la autorización dada por el ayuntamiento a la suelta de patos de 2012, anulando dicha autorización por no ser conforme a derecho y condenó a éste a pagar las costas procesales.

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