El Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer está siendo investigado por la adjudicación a Egevasa en 2008 del contrato de agua y la posterior ejecución de ese acuerdo. El tripartito formado por EU, PSPV y Bloc eligió a esta empresa para la concesión durante 25 años de unos servicios que incluían una inversión anual de 100.000 euros, cantidad que el juzgado está tratando de averiguar si se hizo efectiva.
Este proceso forma parte de la conocida como trama de las asesorías, en la que está acusado, entre otros, el exsecretario de Canet, José Antonio Sancho Sempere, por, presuntamente, facturar a varios ayuntamientos por trabajos ficticios. Esta última ramificación del caso se ha reavivado, después de que el hijo del exfuncionario municipal y, a su vez, jefe de la policía local de Canet, presentara una denuncia.
Sobre las últimas pesquisas de los tribunales, según ha señalado el actual alcalde de Canet, Leandro Benito, desde el juzgado se estudia si después de la adjudicación del contrato tuvieron lugar las mejoras en la red de aguas del municipio por la cantidad de 100.000 euros anuales que estipula el acuerdo. También desde el juzgado se quiere esclarecer si la adjudicación por 25 años de este suculento contrato fue realizada bajo el estricto cumplimiento de la ley.
En aquel momento de 2008, el tránsfuga de EU, Forner, y los concejales del PP, ahora en el gobierno, votaron en contra de la adjudicación de aquel contrato, aunque, según señala Benito «desde que nosotros estamos en el gobierno „2011„ Egevasa ha cumplido con las inversiones a las que les obliga el contrato. Nos hemos encargado de hacer un seguimiento y de que nuestros técnicos valorasen cada una de las mejoras para comprobar que su coste se ajusta a los precios de mercado y que realmente se invierten las cantidades que constan en el contrato. Sobre lo que pasó los tres años anteriores, la verdad es que no podemos asegurarlo y debe ser lo que está investigando el juzgado».
Tramitación exprés
Por lo que respecta a la adjudicación del contrato, el alcalde de Canet recuerda que votó en contra «porque nos parecía mucho tiempo de adjudicación y porque todo se llevó con mucha prisa, sin llegar a un consenso», aunque supone que los que dieron luz verde a la concesión «entenderían que se hizo según la legalidad y con los preceptivos informes técnicos que avalaran todo. Ahora falta por ver si el juzgado está de acuerdo con que todo se hizo según las leyes vigentes».
