Condenan a Sagunt por no contratar de forma directa a los profesores de la UP en 2012

El Ayuntamiento de Sagunt ha perdido la batalla judicial planteada por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la decisión del anterior gobierno municipal de contratar administrativamente y no laboralmente a los profesores de la Universitat Popular. Fue concretamente a partir del curso 2012/2013 cuando los populares, al amparo de la ley que limitaba la contratación de las administraciones locales, cuando dieron este paso que tanto el juzgado de lo social de Valencia como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana

Según recogen las dos sentencias e informa el concejal de Personal, Sergio Moreno, «en la prestación del servicio por los profesores de la UP concurren las notas típicas de laboralidad previstas en el artículo 1.1 del Estatuto de los trabajadores, y ello sin perjuicio de lo dispuesto por las normas presupuestarias que lo que establecen es la contención del gasto en un momento de crisis económica, pero no sirven para modificar la naturaleza jurídica de una relación para ahorrar costes sociales en perjuicio de los derechos laborales y de seguridad social; y con independencia de que los servicios no tengan la consideración de esenciales».

De esta forma, el ayuntamiento ha sido condenado a ingresar las correspondientes cuotas de la seguridad social, que asciende a los 64.000 euros por un curso, aunque Moreno teme que se deban añadir otros dos años, así que el coste para las arcas municipales podría acercarse más a los 200.000 euros.

El edil de ADN Morvedre resalta que «como en su día se dijo desde la oposición, los sindicatos y los propios trabajadores, el PP contrató a los profesores de una forma que no procedía. El primer año -añade el concejal de Personal„ gracias a algunos informes y al plan de racionalización presupuestaria, podría ser justificada, pero no los siguientes, cuando la Seguridad Social dijo claramente que si el ayuntamiento quería seguir prestando el servicio debía de hacerlo de manera directa a lo que el PP hizo oídos sordos».

El edil lamenta que «esa mala gestión y el afán privatizador vaya a costar a los ciudadanos 64.000 euros al año hasta que el actual gobierno decidió recuperar la gestión directa a través de una bolsa de trabajo».