El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha emitido un duro informe en el que califica de «grave caso de expolio» la situación en que se encuentra el yacimiento arqueológico del Grau Vell. Con un agravante añadido. Y es que en este caso estaríamos ante un expolio «oficial» debido a que su origen estaría en la «omisión» por parte de las administraciones públicas de las actuaciones necesaria para preservar estos restos formalmente protegidos como parte de un Bien de Interés Cultural (BIC).
Aunque el informe del Consell Valencià de Cultura se aprobó esta semana, la situación no es nueva. La alarma la dieron en febrero de 2014 desde la Unidad de Inspección del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección Territorial de Cultura de la Generalitat. En esas fechas, dicho departamento emitió un informe, firmado por un arqueólogo, en el que, según el CVC, «advertía de la necesidad y urgencia de que se realizaran una serie de actuaciones de limpieza, conservación y preservación del BIC, que se estaba deteriorando por el abandono oficial».
Sin embargo, más de cuatro después, una reciente delegación del CVC que visitó la zona pudo constatar que aquellas «urgencias» no habían sido acometidas. Por el contrario, los miembros de esta delegación pudieron comprobar sobre el terreno que «el estado de abandono en el que se encuentra este hallazgo, de modo que se ha deteriorado hasta el cartel publicitario que anuncia el yacimiento y que resulta ilegible».
La comitiva, encabezada por el vicepresidente del CVC Ricardo Bellveser e integrada por Glòria Marcos, Vicente González Móstoles y Vicente Ferrero, destacó en sus conclusiones el pésimo estado de conservación del yacimiento, vallado en su día para su protección. En concreto, destacaron que en el interior del yacimiento «ha crecido abundante vegetación que afecta, evidentemente, al estado de conservación de la zona excavada, del territorio colindante e incluso del propio yacimiento». Así mismo, añaden que «la propia valla se ha derrumbado en sus tramos principales e interrumpe la vía pecuaria».
Ante este estado de cosas, el Consell Valencià de Cultura ha instado a las autoridades estatales y autonómicas responsables a que «con carácter inmediato repongan las partes derribadas tales como la valla, el acceso al yacimiento, la señalítica, etcétera, como forma de garantizar que se eviten daños mayores». Igualmente, les apremia a impulsar un programa de excavación y preservación arqueológica que complete los estudios interrumpidos de cara a su mejor conocimiento y su adecuación para los «usos de contemplación, pedagogía, disfrute y difusión del bien».
La preocupación del CVC por el estado del puerto antíguo es vieja. Su primer informe recomendando acciones urgentes se remonta a 2005. Dos años más tarde propuso que se ampliara el entorno de protección de la zona BIC y en 2010 volvió a alertar de la «desidia oficial» al tiempo que analizaba el convenio firmado entre el ayuntamiento de Sagunt y la Autoridad Portuaria de Valencia que, entre otras cosas, preveía crear un Parque Arqueológico al aire libre y de un centro de interpretación del Puerto Romano de Sagunt. Un convenio que, pese a sus grandes anuncios, presentaba una propuesta, a juicio del CVC, «imprecisa e insuficiente», cuando no «abrumadoramente retórica».
