La Fiscalía Provincial de València ha iniciado diligencias de investigación en el Ayuntamiento de Torres Torres, que salpican a la gestión económica del anterior mandato, cuando el gobierno municipal estaba dirigido por el popular, Alfonso Guillem.
Esta investigación surge después de que el grupo municipal de Compromís en la localidad de la Baronia pusiera en conocimiento de esta instancia judicial las conclusiones de la auditoría económica que esta misma formación solicitó y que fue aprobada por el pleno. El objetivo es que sea la propia Fiscalía la que determine si los hechos recogidos en este documento «pudieran ser constitutivos de delito», tal y como se recoge en la apertura de las investigaciones, según ha podido saber Levante-EMV.
En ese informe auditor, que el ayuntamiento encargó a una empresa externa, se cuestionan algunos cobros percibidos por el alcalde entre 2011 y 2015 en concepto de dietas y kilometraje, pero también se hace referencia al cobro por parte de asociaciones de ayudas municipales que «no se encuentran suficientemente justificados por parte de los beneficiarios, lo que debería suponer el reintegro de las cantidades al ayuntamiento», anota el documento.
En cuanto a las liquidaciones cobradas por el exmandatario por dietas y desplazamientos, la auditoría asegura que «no hay documento justificativo alguno de esas liquidaciones, no se reseña el subconcepto por el que se abonan, ya sea manutención u otros gastos, ni el lugar ni el motivo justificativo del desplazamiento de cada uno de los días que se abonan», además de que «el importe abonado por cada dieta es superior a lo establecido en el decreto». De igual forma sucede con el importe del kilómetro, a lo que se añade que «hay conceptos liquidados que no parecen ser de interés municipal», y hace una relación de alguno de ellos, entre los que destaca las reuniones con altos cargos del PP o con alcaldes del partido.
Incumplimientos de la norma
Por otro lado, la auditoría también revela el «incumplimiento de la Ley de Contratos de sector público» por parte del ayuntamiento, al fraccionar los importes y su duración, haciendo hincapié en que la administración local «incumple sistemáticamente lo establecido en la norma».
Otros de los capítulos que se destacan en el informe auditor es el de fiestas y su relación de gastos, sobre los que el documento dice que «no se ha facilitado ni está soportada por facturas», por lo que concluye que «al no haber documentos oficiales ni existir rigor ni soporte documental no podemos pronunciarnos sobre la validez de las operaciones».
Por otro lado, la auditoría también resalta aspecto positivos de la gestión económica de los populares en la pasado mandato como «un remanente de tesorería positivo» y una situación financiera «equilibrada».
