«No se ha acreditado que el acusado hubiera accedido a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y se hubiera apoderado, utilizado o modificado en perjuicio de un tercero datos reservados o de carácter personal o familiar». Así sentencia la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de València los hechos por los que el jefe de la Policía Local de Sagunt se enfrentaba a una pena de hasta tres años y medio de cárcel. El fallo lo absuelve de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y aclara que, en todo caso, «las matrículas de los vehículos no tienen a nuestro juicio carácter reservado».
La sentencia refleja, como ya adelantó Levante-EMV, que el mando policial ahora absuelto realizó una serie de averiguaciones ante las sospechas de unas oposiciones supuestamente amañadas que se remontan a enero de 2011. El acusado era miembro del tribunal en dicho proceso selectivo para cubrir la plaza de intendente principal de la corporación municipal de Sagunt, pero fue recusado por el aspirante (el querellante) debido a una «enemistad manifiesta entre ambos».
Fue tras esta recusación cuando el jefe de la Policía Local de Sagunt, ante los rumores de posibles irregularidades en la oposición, comenzó a investigar a algunos miembros del tribunal y su supuesta amistad íntima con el aspirante. Posteriormente sería esta persona quien emprendería acciones legales contra el intendente principal que le han llevado a juicio por un presunto delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos.
En la vista oral celebrada el pasado 31 de mayo Rafael de Manuel negó haber accedido a la base de datos de la DGT y aclaró que puso su investigación en conocimiento del alcalde. En el relato de hechos probados la sentencia remarca que no constan accesos del acusado a la citada base de datos, ni a la del Ministerio del Interior ni a la de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, así como a los archivos de la Guardia Civil.
Aunque algunos testigos aseguraron en el juicio que el acusado les había reconocido el acceso a la base de datos de la DGT y el alcalde de Sagunt insistió en que «en ningún momento autorizó ni ordenó investigación alguna», estas comprobaciones de matrículas no requieren autorización ninguna ya que se enmarcan en el ejercicio de sus funciones policiales. La sentencia recuerda un caso similar de la Audiencia de Valladolid donde se refrenda que no se consideraba información reservada las matrículas aunque el acusado hubiera accedido «sin una específica autorización por ser ajeno a una labor de investigación policial».
La resolución judicial recoge los testimonios de algunos miembros del tribunal de la oposición, quienes relataron que les pincharon las ruedas del vehículo y que recibieron amenazas, las cuales fueron denunciadas en comisaría. No obstante, respecto a estos hechos no han quedado debidamente probados ni si guardan relación con la causa.
Las conclusiones del informe realizado por el acusado tras su investigación fueron presentadas por registro de entrada en el Ayuntamiento de Sagunt el 13 de septiembre de 2011. En el mismo concluía que no se había podido determinar una amistad íntima entre el querellante y los miembros del Tribunal.
