La jueza de instrucción Concepción Rut Monzó considera que hay indicios de «prevaricación administrativa» en el nombramiento por el alcalde del PP de Canet d'En Berenguer, Leandro Benito, de una prima suya como técnico de gestión de este ayuntamiento. La magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Sagunt considera igualmente que podrían haber incurrido en este mismo delito el exsecretario municipal José Antonio Sancho Sempere y la técnica municipal Cintia Diana Almazán.
Esas son las conclusiones a la que la jueza ha llegado en las diligencias abiertas por unos hechos para los que el Código Penal prevé penas de hasta 15 años de inhabilitación. Rut Monzo ha abierto de este modo un procedimiento abreviado contra los tres imputados que esta misma semana ha llegado oficialmente a la Fiscalía que ahora tendrá un plazo de diez días para determinar si solicita la apertura de un juicio oral, una ampliación de las diligencias o el sobreseimiento de la causa.
La presunta prevaricación administrativa tuvo lugar el 1 de octubre de 2013, cuando el alcalde de Canet d'En Berenguer firmó un decreto por el que se nombraba a su prima hermana, que era auxiliar administrativa de este ayuntamiento, como técnica de gestión con carácter interino. Según las diligencias de la jueza, la prima del alcalde se presentó a esa plaza «sin justificación alguna de las razones de necesidad y urgencia y sin cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Según el escrito de la magistrada, este decreto de alcaldía fue firmado «con conocimiento y sin oposición» del exsecretario municipal y de la técnica.
Según las diligencias judiciales, no se trataría tanto de que el nombramiento de la prima del alcalde fuera ilegal, sino que «es ilegal el procedimiento en su conjunto». En este sentido, la jueza estima que la actuación de Benito fue presuntamente «injusta y arbitraria, porque mediante ella se facilitó el acceso a puestos de trabajo en la administración pública municipal, haciendo caso omiso de las normas que lo regulan y de los principios constitucionales que inspiran esa normativa legal».
A juicio de la magistrada, la clave en este decreto de alcaldía es la «arbitrariedad» con que se adoptó aquel acuerdo. Al respecto, la jueza de instrucción recuerda en sus diligencias que «no se puede prescindir de los más elementales principios de transparencia pública, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad tanto de los aspirantes como de los nombrados; en suma, de que el ayuntamiento sea un ente público al servicio de la ciudadanía».
Este nuevo frente judicial se abre solo unos días después de que en el último pleno municipal el portavoz de Compromís reclamara su dimisión al estar imputado en otro presunto caso de prevaricación por un contrato con la Academia Valenciana de Juristas. De hecho, en algunos círculos de la oposición comienza a hablarse de la posibilidad de una moción de censura. La propia ejecutiva comarcal de Compromís, que lidera la oposición en Canet, se sumó a la petición de dimisión sin descartar otras alternativas, aunque sin concretar. Levante-EMV intentó ayer contactar con Leandro Benito para conocer su posición, pero no fue posible.
