Hace tiempo que la judicialización forma parte del panorama político español. El fenómeno afecta siempre a partidos del gobierno y la oposición. Lo que resulta más extraño es que los litigios en los tribunales afecten a políticos de partidos socios de gobierno. Sin embargo, eso es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Sagunt y lo que podría marcar la recta final de la actual corporación.
Por lo pronto, el juzgado ya ha puesto en marcha los mecanismos de juicio oral contra el concejal de ADN, Sergio Moreno, a quien el portavoz socialista Francisco Crispín interpuso una querella por «injurias y calumnias». El motivo de la demanda se remonta a verano de 2016 cuando el edil de ADN publicó una serie de comentarios en Facebook cuestionando la forma en que Crispín accedió a su plaza de funcionario en el ayuntamiento. El portavoz del PSPV le exigió una rectificación pública y le convocó a un acto de conciliación al que Moreno nunca se presentó.
Sin embargo, la pugna judicial todavía viviría un nuevo episodio todavía más complejo unos meses más tarde. El 19 de octubre de 2016 agentes de la UDEF intervienen en el ayuntamiento dentro de la Operación Flotador que investigaba adjudicaciones a empresas durante el gobierno popular de Alfredo Castelló. Sin embargo, durante el registro Sergio Moreno aprovechó para comentar con los agentes supuestas irregularidades que afectan a Crispín.
En marzo de 2017, Moreno se reafirma ante el juez de aquellos comentarios. Se trata del supuesto uso indebido de un complemento de 300 euros para la adquisición de ropa que Crispín junto con otros funcionarios, habrían estado realizando mientras trabajaba como técnico.
Pese a lo aparentemente anecdótico de las cantidades y de estar basado en un acuerdo entre el ayuntamiento y los trabajadores, la denuncia de Moreno activa una nueva operación policial que se salda con la detención por unas horas de Francisco Crispín y otros cuatro funcionarios municipales. Son las únicas detenciones realizadas hasta la fecha dentro del marco de Operación Flotadora. Sobre las supuestas adjudicaciones irregulares a empresarios por parte del anterior gobierno municipal la jueza instructora sigue manteniendo mutismo total.
Pero cuando Moreno denunció ante el juez los hechos no solo señaló el asunto de los 300 euros. También aludió a otras posibles irregularidades de las que le había hablado la entonces concejala de Compromís y hoy diputada autonómica Teresa García. Según aseguró era ella quien disponía de «toda la documentación» que lo demostraba. El edil de ADN señaló que había invitado a García a denunciar también os hechos a la UDEF. Sin embargo, Teresa García nunca fue a declarar.
Amenazas por unos votos
La aparición de su nombre en el caso amplía las implicaciones políticas al complicar a Compromís en esta compleja trama de acusaciones. Pero, sobre todo, porque para Francisco Crispín supone la clave que explica el origen de esta enrevesada historia.
Y es que el portavoz socialista considera que el inicio de todo este calvario se remonta a lo que él no duda en denominar «chantaje» al que fue sometido por el alcalde Quico Fernández y la propia Teresa García para el PSPV, entonces fuera del gobierno local, aprobara los presupuestos municipales del 2015. Según Crispín, ambos responsables de Compromís le amenazaron a finales de aquel año con «la posibilidad de que saliera información comprometida para mi y mi familia» si los socialistas no votaban a favor del presupuesto.
En aquella ocasión el PSPV votó en contra de aquellos presupuestos que no pudieron ser aprobados por el equipo de gobierno de Quico Fernández por no tener apoyos suficientes en el pleno. Por ello, Crispín cree que detrás de las denuncias de Sergio Moreno están aquellas amenazas del alcalde y Teresa Alegre.
Posteriormente los socialistas acabarían entrado en el gobierno municipal, aunque desde Compromís se impusiera dejar fuera de las responsabilidades de gobierno al propio Crispín. Fue un acuerdo cómodo para ambas partes ya que, como cierta compensación, el portavoz socialista fue designado como asesor en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
De este modo todo parecía encauzado políticamente. Hasta que hace unas semanas la jueza consideraba que había indicios suficientes para procesar a Crispín por el caso de los 300 euros. Ante esto el portavoz socialista vuelve a insistir en que todo es consecuencia de un intento de «chantaje» y anuncia querellas contra todos los implicados en cuanto se aclare su caso en los tribunales.
Mientras tanto, todas estas polémicas judiciales amenazan con afectar a la estabilidad del gobierno local. Pero no solo. También de rebote amenaza el futuro de cuatro funcionarios municipales a los que una bonificación pactada de 300 euros cada dos años les tiene entre la espada y la pared.
