La consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, y el alcalde de Sagunt, Quico Fernández, han rubricado oficialmente el acta de defunción del proyecto de impulsar 872 viviendas sociales en el macrosector V del municipio, el área comprendida entre Carrefour y el barrio de Baladre. Esta semana, ambos responsables públicos anularon formalmente el convenio suscrito en 2004 para promover urbanísticamente la zona con vivienda social. Paradójicamente, esta renuncia desbloquea de forma definitiva la posibilidad de intervenir en este área, aunque ahora serán los propios propietarios de los terrenos quienes asumirán de forma directa las funciones de agente urbanizador.
El ambicioso plan de construcción de vivienda sociales fue auspiciado por los anteriores gobiernos municipal y autonómico del PP. Para ello, el ayuntamiento de Sagunt suscribió un convenio con el IVVSA, actual Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), para la urbanización de estos 120.000 m2 y la construcción de 872 viviendas sociales. El proyecto estaba presupuestado en unos 73 millones de euros.
Sin embargo, su ejecución se vio muy pronto afectada por el impacto del estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica. De hecho, el proyecto se encontraba totalmente paralizado desde el año 2007 y sin posibilidades financieras de ser retomado por la administración autonómica.
Esta parálisis no solo ha venido deteriorando todo esta zona, sino que además ha originado importantes gastos a las arcas municipales. Y es que ante la negativa del IVVSA a asumir ningún coste hasta que no comenzara la urbanización, y la posterior imposibilidad de ejecutar el proyecto, ha tenido que ser el ayuntamiento quien ha debido asumir algunos de estos gastos que repercutían en el macrosector V. Uno de los más destacados fue el desdoblamiento del vial internúcleos, todavía en fase de ejecución, cuyo impacto económico en la hacienda municipal se situó en torno a los 800.000 euros.
Paradójicamente, la firma de aquel proyecto paralizó la iniciativa impulsada por una agrupación que reúne al 70 % de los propietarios del terreno y que ahora ven el terreno limpio para retomar su antiguo proyecto, bloqueado en 2004. Esta reactivación se encuentra ya en una fase muy avanzada. De hecho, según destacaba el concejal de Urbanismo Pablo Abelleira, estos propietarios han presentado ya en el ayuntamiento los primeros borradores de la actuación que tienen previsto promover.
Primeros borradores
Su principal escollo era el convenio de 2004 y que, ahora, con el acuerdo firmado entre Salvador y Fernández deja de estar en vigor. Por lo pronto, los propietarios ya han presentado una primera propuesta en la que se contempla la exigencia municipal de que al menos el 50 % del suelo sea dedicado a uso residencial. Ahora, los técnicos deberán analizar toda la documentación presentada y las diferentes delimitaciones realizadas en zona comercial, residencial y espacios dotacionales.
Si la propuesta recibe el visto bueno técnico y el pleno municipal la refrenda, la agrupación de propietarios podría comenzar el desarrollo de este importante PAI el próximo otoño. Para ello antes han tenido que indemnizar a la EIGE con 116.502 euros, por los trabajos previos realizados por el IVVSA. Así mismo, deberán devolver al consistorio las inversiones realizadas en actuaciones como el desdoblamiento del vial internúcleos.
