La dirección general del Catastro ha entrado en la recta final del proceso de regularización que inició en 2013 con el objetivo de detectar las construcciones ilegales tanto en el ámbito urbano como el rústico. A expensas de recopilar los datos en Faura, Benifairó de les Valls, Quart de les Valls, Benavites y Segart, cuyos procedimientos de inspección se cerraron hace una semana, en los restantes 11 municipios de El Camp de Morvedre se han detectado 3.895 edificaciones irregulares, que suponen casi un 3 % de los inmuebles registrados por el Catastro en estas localidades.
Pese a estos números, la comarca puede tener el consuelo de que ese porcentaje está muy por debajo de los promedios provincial, donde los 109.716 inmuebles suponen un 3,7 %, autonómico, donde se han regularizado 245.972 construcciones (4,2 %), y estatal, donde la inspección ha destapado más de 2,6 millones de edificaciones ilegales, que representan un 4,1 % del total.
De vuelta a la comarca, el mayor número de construcciones irregulares se corresponde con ampliaciones, rehabilitaciones, reformas y cambios de uso que no se declararon en su momento al Catastro. En este caso se encuentran 1.762 inmuebles, un 45 % del total, mientras que 1.431, un 36,7 %, son nuevas construcciones. El restante 18 % se trata de piscinas privadas, un total de 702, un promedio muy superior al de la Comunitat Valenciana, donde este tipo de construcciones supuso un 8 % de las regularizaciones.
Realidad inmobiliaria
Esta campaña del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda se planteó con el objetivo de «garantizar la adecuada concordancia de la descripción catastral con la realidad inmobiliaria» y en El Camp de Morvedre ha tenido más trabajo en el ámbito urbano, donde se han destapado casi 3.000 construcciones ilegales, que representan casi el 77 % del total, datos siempre pendientes de ser definitivos para el conjunto de la comarca hasta conocer el resultado de este procedimiento en las cinco localidades restantes.
En esta desagregación por municipios y después de la lógica mayoría de Sagunt (1.415) en el número de construcciones ilegales detectadas, resultan especialmente llamativos los niveles de Albalat dels Tarongers, donde el porcentaje de inmuebles irregulares alcanza el 7,5 % del total. En esta localidad, las piscinas (167) representan uno de los promedios más altos de la comarca, al suponer el 32 %, un aspecto que comparte con Gilet, donde se han destapado 132 instalaciones de este tipo, más de un 39 % del total.
Los propietarios de todas las construcciones ilegales detectadas por el Catastro fueron obligados a pagar una tasa de 60 euros para su regularización, lo que en el caso de la comarca implica un abono inicial de 233.700 euros, aunque, lo que es más importante para las haciendas locales, se incluyen todas estas edificaciones en el padrón del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Según algunos cálculos, esta inyección extra superará el medio millón de euros al año en el conjunto de las 11 localidades ya inspeccionadas.
