El Ayuntamiento de Sagunt ha mantenido durante los últimos años una posición unánime en contra de que las arcas municipales se tengan que hacer cargo de la amortización, el mantenimiento y la explotación de la desaladora, tal y como se recogió en el convenio firmado a principios de 2007 entre el consistorio y Acuamed.
Este consenso se resquebrajó hace unos meses, cuando el alcalde, Quico Fernández, entabló negociaciones con el organismo estatal para desbloquear la puesta en marcha de la planta para sortear el riesgo de perder los casi 19 millones de euros procedentes de fondos europeos. Así lo denunció el portavoz popular, Sergio Muniesa, quien insiste en que «el alcalde parece empeñado en sacarle las castañas del fuego a Acuamed a costa del ayuntamiento».
Y es que, según el concejal del PP, «la ciudad apenas consume un 70 % del agua que tiene concedida, así que la desaladora no nos hace ninguna falta». En este sentido, Muniesa añade que «en lugar de defender la postura de que la amortización de la planta se repercuta sobre toda la cuenca del Júcar, el alcalde pretende abrir la mano para que la desaladora se ponga en marcha mediante un acuerdo provisional de 3 años, tras el cual se mantendrían las condiciones abusivas del convenio original».
El edil del PP también alerta de que el buen estado de las cuentas de Aigües de Sagunt permite a partir de este año una rebaja en la tarifa, pero la puesta en marcha de la planta de Acuamed para el suministro a Sagunt implicaría que esa bajada no se aplicara en toda su extensión por el mayor coste de este agua.
