El último pleno de Sagunt antes de las elecciones del próximo domingo sirvió ayer para distribuir los 4,9 millones de euros del superávit municipal del pasado ejercicio, un asunto que no estuvo exento de polémica por las críticas desde la oposición y por el informe desfavorable del interventor que advirtió que el acuerdo «constituye una infracción muy grave en materia de gestión presupuestaria» de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Según el funcionario, tanto el Real Decreto Ley 10/2019 como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas «impiden el destino de la presente modificación, en tanto en cuanto..., la situación proyectada para el cumplimiento de las reglas fiscales a 31/12/2019 lo es en 80.000 euros, donde prevalece el destino de dicha cantidad para el saldo de la cuenta 413», que se refiere a las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto.
El portavoz popular, Sergio Muniesa, tomó la palabra para replicar al concejal de Hacienda, Enric Ariño, y recordó la presión ejercida con éxito desde la oposición a su gobierno hace 4 años, cuando, también en vísperas de las elecciones, se dejaron en manos de la nueva corporación todas las decisiones sobre el destino del superávit. Así, el popular reclamó que el punto se quedara sobre la mesa, aunque solo encontró el respaldo de Cs.
Ariño, por su parte, justificó la necesidad de adoptar ahora este acuerdo en que «los proveedores tienen que cobrar por sus servicios o productos», al tiempo que señaló que de los 4,9 millones se reservan 1,7 para un plan de empleo que sí se encargará de desarrollar el consistorio que salga de las elecciones del próximo domingo.
De nada le sirvió a Muniesa señalar que el pago de estas facturas pendientes se debería afrontar con el presupuesto ya aprobado de este año, ya que el cuatripartito aprobó el expediente, con la abstención de IP y el rechazo del resto de la oposición.
