La desalinizadora volvió a protagonizar un animado debate en el pleno de Sagunt, antes de aprobarse otra vez por unanimidad una moción para que el Estado se haga cargo de la amortización de la millonaria planta. Compromís, como ya hizo en el Senado, fue la formación que impulsó el debate, durante el que también se señaló a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que asuma los recursos de la desalinizadora, de tal forma que los gastos sean compartidos por todos los usuarios de la cuenca.
El portavoz de Compromís per Sagunt, Quico Fernández, defendió la elaboración de nuevos estudios de viabilidad, ya que el original «contenía previsiones de imposible cumplimiento», en palabras del segregacionista, Manuel González, quien añade que «estoy convencido de que Gloria Calero -quien, como alcaldesa de Sagunt, firmó el convenio para construir la desalinizadora- y su equipo de gobierno -del que Fernández formaba parte- no se creían unas previsiones, según las cuales ahora viviríamos aquí 163.000 personas y habría 12 millones de metros cuadrados desarrollados de suelo industrial».
El portavoz de IP insiste en que «me resulta difícil asimilar que el ayuntamiento aceptara pagar una planta que no necesitábamos y que ha costado 43,5 millones de euros y, si finalmente nos toca hacernos cargo, exigiré la inmediata dimisión de Quico Fernández».
La moción nacionalista aprobada por el pleno reconocía que la construcción de la desalinizadora respondió al elevado número de viviendas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana y a las expectativas de consumo ligado a Parc Sagunt I y II, pero también recogía que Acuamed la presupuestó en no más de 18 millones de euros. Pese al sobrecoste, la empresa estatal «no justificó documentalmente ante el ayuntamiento la inversión de 43,5 millones de euros».
«Desangradora»
Las críticas por la «chapuza hídrica» también llegan desde el PP, que alerta de la «multiplicación» del precio del agua a vecinos y empresas si entra en funcionamiento la «desangradora», como la califica Sergio Muniesa. Además, el portavoz popular señala a Compromís como uno de los responsables, junto a PSOE y EU, por «no evitar que el ayuntamiento fuera considerado usuario único y se hiciera responsable así de abonar más de 40 millones de euros. Ahora, quieren salvar su responsabilidad -en referencia a los grupos del tripartito que también gobernaban la ciudad en el momento de la construcción de la planta- en esta decisión, que ha sido un fracaso indefendible».
Muniesa insiste en que «nos embarcaron en esta aventura sin estudio de costes, ni de producción, ni de mantenimiento ni de viabilidad o mercado. Nos sorprende que Compromís presente ahora esta moción, cuando entonces aprobó el convenio como una solución responsable, moderada e interesante. La realidad -prosigue el portavoz municipal del PP en Sagunt- es que nos han hipotecado con una desaladora que no hace falta, mientras Aquamed abona el terreno para exigir el pago de unas facturas millonarias».
