Una autorización por parte de la Unión Europea es ya el último escollo que debe superar el puesto de inspección fronterizo (PIF) del puerto de Sagunt para abrir sus puertas después de años de reivindicaciones y una inversión de 5 millones de euros. Así justifican el último retraso desde la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, cuya titular, Gloria Calero, fue la última que se atrevió a dar un plazo para su apertura, el primer trimestre de este año, que tampoco se ha cumplido.
Este edificio, que cuenta con más de 3.700 metros cuadrados y está construido sobre una parcela de 31.200 en la que se incluye un aparcamiento para cerca de 150 vehículos entre ligeros y pesados, permitirá al puerto de Sagunt diversificar su tráfico con unas 170.000 toneladas anuales de mercancía de origen animal y vegetal, sean o no para consumo humano, que se someterán en este PIF a los controles veterinarios y fitosanitarios para evitar la entrada de agentes contaminantes.
Desde la Autoridad Portuaria de València (APV), que contempló este edificio por vez primera en 2010 y ya lo incluyó en sus presupuestos de 2012 al considerarlo «imprescindible» para el crecimiento de la actividad portuaria en Sagunt, ya están hechos todos los deberes desde hace unos meses, cuando no solo dio por concluidas las obras, que Pavasal se encargó de ejecutar, sino que también eligió a la empresa, Logiters Logística, para prestar el servicio de apoyo a las labores de control en frontera. Estas fuentes culpan de los últimos retrasos a la secretaria de Estado de Administraciones Públicas, ya que «todo está listo para que entre en funcionamiento, a excepción de la dotación de personal».
Sin embargo, desde la delegación de Gobierno, se puntualiza que «la selección de los trabajadores ya está hecha y solo queda que la Unión Europea otorgue la autorización definitiva». En este sentido, las instalaciones están pendientes de que se certifique el cumplimiento de los requisitos mínimos recogidos en el reglamento 2019/1014 de la Comisión Europea y desde el Gobierno restan importancia a esta demora, que achacan a «cuestiones burocráticas», en palabras a Levante-EMV.
Indemnización millonaria
Estos retrasos ya le han costado un disgusto millonario a la APV, que hace poco menos de un año, como publicó este rotativo, fue condenada a indemnizar con 3,1 millones de euros a una empresa que cuando recibió la concesión en 2012 ya contaba con que el PIF estaría en marcha para poder desarrollar toda su actividad.
Casa una década después, el puerto de Sagunt cuenta los días para que entren en funcionamientos estas cinco salas de recepción y toma de muestras correspondientes a productos de origen animal y vegetal, ya sean o no para el consumo humano, además de maderas y flores, cada una con sus muelles de carga. Además, entre los espacios reservados también se encuentras los de uso administrativo con más de 1.000 metros cuadrados
