La batalla judicial emprendida por Aigües de Sagunt contra el Ayuntamiento de Almenara para reclamar las deudas acumuladas entre 2012 y 2016 han acabado por dar la razón a la empresa, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ratificara una sentencia previa del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Castelló. Este procedimiento se inició después de que el consistorio de la Plana Baixa se negara a abonar una factura de 340.000 euros, a la que la asamblea del consorcio de Aguas del Camp de Morvedre había dado validez en 2016.
El concepto de esta deuda, que también tenían contraída otros municipios consorciados, era el coste de la utilización de caudales y transporte de los embalses de Alarcón y Contreras a la potabilizadora de Sagunt. Primero el ayuntamiento y luego Aigües de Sagunt habían anticipado estos gastos para garantizar «el correcto funcionamiento del suministro en alta» hasta que llegó el momento de la regularización y Almenara se negó a pagar.
El consistorio castellonense alegó que no existía ninguna relación contractual con la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua en Sagunt, pero el juzgado consideró que dos asambleas del consorcio, con la presencia de la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, habían aprobado la cuantía de estas deudas y requerido su pago, sin que la máxima representante municipal pusiera reparos.
Informe unilateral
Ya en segunda instancia, los argumentos se centraron en el cálculo de la cuantía endeudada, que el procedimiento de reclamación por parte de Aigües de Sagunt se efectuó sin el despliegue de las exigencias de comprobación tanto técnica como presupuestaria, que el consorcio es el que debía haber exigido el pago y, en resumen, que la deuda «no puede quedar fundamentada en una factura unida a un informe unilateral de una empresa medio privada que se limita a distribuir costes sin justificarlos».
Sin embargo y como ya defendió la empresa, «muy difícilmente va a poder excluirse, en sede judicial, ese pago -en referencia a la factura de 340.000 euros- cuando la Sra. alcaldesa de este municipio no mostró su oposición a los diversos acuerdos de la asamblea».
Y, efectivamente, ambas sentencias analizan las correspondientes actas y su «taxativo» contenido, que deja «en evidencia», que «Aigües de Sagunt tiene un título que justifica la disponibilidad de un crédito frente al Ayuntamiento de Almenara, por el concepto costes de compra de agua para el sistema Camp de Morvedre. Así -continua la sentencia del TSJ- este municipio es deudor, en principio, de la cantidad a la que llegue ese coste, al haber asumido su representante en las asambleas generales del consorcio de 29 enero y 29 noviembre 2016 la existencia de una deuda certera frente a esta empresa».
Sobre la falta de control de las cantidades y el supuesto error en las bases de cálculo, los tribunales también señalan que esos reparos solo se plantearon cuando el procedimiento ya estaba avanzado y no en 2016 cuando se dieron por reconocidas esas deudas en sendos acuerdos por unanimidad del consorcio de aguas.
Plan de pago
Tras la derrota judicial y descartado otro recurso, el Ayuntamiento de Almenara y Aigües de Sagunt están en plenas negociaciones para establecer un plan de pago, ya que a los 340.000 euros de esa factura hay que añadir las regularizaciones entre 2017 y 2020, que el consistorio castellonense también se negó a abonar, de tal forma que la deuda asciende a 558.000 euros.
Con este acuerdo, la empresa mixta pone fin a años de gestiones para saldar estas deudas con los ayuntamientos consorciados o, al menos, establecer un plan de pago. El caso de Almenara no ha sido el único que se resolvió en los tribunales, ya que Quart de les Valls siguió un camino similar y otros dos consistorios también trataron, sin éxito, de llevar su situación ante la Justicia.
