El juzgado contencioso administrativo número 3 de València dictó hace unos días una sentencia que puede tener miles de ramificaciones en Sagunt. El fallo, que ya es firme, anula los cobros municipales entre 2013 y 2019 del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a un vecino de la partida de Bonilles, que reclamó con éxito que su inmueble era en la práctica una finca rústica a la que el ayuntamiento le estaba imponiendo unas cargas fiscales equivalentes a la de suelo urbano, que es la clasificación que tiene en el Catastro desde la aprobación en 1997 del plan general de ordenación urbana (PGOU).
Alberto Marigil es ese propietario y, según explica, antes de acudir a la vía judicial, ya advirtió al gobierno municipal de «las irregularidades, los abusos y los desmanes» que se estaban cometiendo en el cobro del IBI. En un escrito en febrero de este año dirigido al alcalde, Darío Moreno, y al concejal de Urbanismo, Quico Fernández, este vecino recordaba la sentencia del Tribunal Supremo que en 2014 ya reconoció que los terrenos sin plan parcial aprobado ni servicios urbanísticos debía ser considerado rústico a la hora de pagar los impuestos.
A este fallo se le dio cobertura normativa un año después en las leyes Hipotecaria y de Catastro Inmobiliario, pero «los dirigentes locales han hecho caso omiso», así que cada ejercicio «se siguen emitiendo liquidaciones de IBI y plusvalías que son ilegítimas, ilícitas, injustas y desproporcionadas», según lamenta Marigil.
En su caso se trata de un terreno de unos 7.600 metros cuadrados, que, según la información del Catastro, cuenta desde 1975 con cerca de 250 metros cuadrados construidos entre un espacio deportivo, un almacén y una vivienda. Marigil precisa que «es una humilde casita con al menos 100 años de antigüedad, que incluso podría declararse como histórica porque sirvió de refugio para mi familia durante los bombardeos de la Guerra Civil». Esta residencia «se encuentra en medio de un huerto improductivo de nísperos», añade este vecino de Sagunt, descripción que coincide con el informe del arquitecto incorporado a la causa, que lo define como «suelo asilvestrado, sin cuidados propios del cultivo, donde se ubica una vivienda anterior a 1936».
Por esta propiedad, Marigil fue cargado con 876,73 euros de IBI el pasado año y en estos niveles se encuentra desde 2013, cuando el conocido como catastrazo aumentó un promedio superior al 150 % los valores catastrales de los inmuebles de Sagunt. Esta propiedad junto al Camino Viejo de Teruel se disparó hasta los casi 220.000 euros, el 90 % correspondiente al suelo.
En 2016 es cuando este vecino quiso poner freno a la «arbitrariedad de las autoridades competentes», momento en el que se inició por parte del ayuntamiento «un acoso con sobrecostes, apremios, sanciones, intereses y embargos». Así y después de la sentencia del juzgado contencioso administrativo de València, Marigil calcula que las arcas municipales le tendrán que devolver «entre 7.000 y 8.000 euros, a falta de que el juzgado concrete la cuantía».
Situación «angustiosa»
Esta victoria judicial exprés, ya que apenas transcurrieron tres meses desde la denuncia a la sentencia, no hacen olvidar la «angustia» de los últimos años, como consecuencia de la «voracidad fiscal, carencia de empatía y falta de diligencia por los maliciosos actos de los supuestos servidores públicos contra cientos, e incluso miles de ciudadanos».
Y es que Marigil señala que esta alteración «artificial» de la clasificación urbanística va más allá del cobro «ilegal» de los impuestos. «Las personas que pierden su trabajo, se jubilan o tienen pocos recursos se ven obligadas a renunciar a su propiedad, que además se devalúa por las altas cargas fiscales», insiste este vecino de Sagunt.
Marigil, que aportó durante el juicio un informe técnico que reclamaba la reclasificación de los más de 830.000 metros cuadrados de la partida de Bonilles, ha agradecido por «su tenacidad, perseverancia y buen hacer profesional contra los abusos fiscales» a su abogado Jorge Juan Artal Zafón.
Alberto Marigil ha conseguido su primera victoria judicial en la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Sagunt por el cobro indebido durante años del impuesto de bienes inmuebles (IBI), pero «no renuncio a la vía penal».
Este vecino de la partida de Bonilles cree que este asunto merece una acción popular, así que pide a otros propietarios, agricultores y regantes, que se unan «para procesar a los responsables técnicos y políticos por presunta prevaricación», al denegar sus continuos requerimientos para ajustarse a la legalidad y a la jurisprudencia con la reclasificación como suelo rústico de «miles de terrenos» considerados urbanos.
«Sea político o funcionario, no podemos permitir que tengan alguna responsabilidad en la gestión municipal cuando han demostrado mala fe y alevosía», insiste Marigil.
Las justificaciones del ayuntamiento durante la primera fase del procedimiento fueron echar la culpa al Catastro y reclamar a este vecino que consiguiera por esta vía el cambio de clasificación, ya que luego el consistorio lo tendría en cuenta, pero «es mentira, porque depende del ayuntamiento». En la reunión previa a la interposición de la demanda, «se escudaban en los técnicos», pero ya en el juicio «tuvieron que reconocer que mi propiedad no tiene las características de urbana».
«No renuncio a la vía penal»
Alberto Marigil anima a otros propietarios a unirse en una denuncia por prevaricación
Rafa Herrero. Sagunt
