El juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Sagunt ha dado el paso previo a la apertura de juicio oral tras considerar que «existen indicios racionales de suficiente potencialidad para entender perpetrado un delito de coacciones» por parte de Quico Fernández (Compromís), Teresa Garcia (Compromís) y Sergio Moreno (ADN Morvedre) contra Francisco Crispín (PSPV).
Todos ellos eran concejales durante el mandato 2015/2019, cuando los socialistas tardaron en entrar en la coalición de gobierno formada por los nacionalistas y la marca comarcal de Podemos, más EU. En ese contexto, según denunció el socialista, los tres procesados «me chantajearon para que aprobara el presupuesto de 2016 -uno de los grandes objetivos del tripartito de entonces después de seis años de cuentas prorrogadas bajo gobiernos en minoría del PP-, pero yo me negué, porque no iba a aprobar un presupuesto que no iba a gestionar».
Según explica Crispín, las «amenazas» contra él se las hicieron llegar primero por medio de otra concejala socialista y posteriormente fueron directamente Fernández y Garcia, cuando «me advirtieron de que, si no aprobaba los presupuestos, sacarían no sé qué facturas e irían a por mis hijos», en relación con un supuesto trato de favor que se dispensaba a su despacho desde la dirección técnica de la concejalía de Actividades, que ostentaba Crispín en su calidad de funcionario.
«Pero lo peor no fueron las amenazas, sino que las cumplieran», añade el exportavoz municipal de los socialistas, quien fue denunciado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, junto a otros cuatro técnicos de su departamento. La Audiencia Provincial de València les absolvió hace ya un par de años, pero esta «conspiración» logró el objetivo que perseguía de «ensuciar mi imagen» y provocar su suspensión de militancia en el PSPV.
Así, Crispín, frente a esta «salvajada», presentó su denuncia en noviembre del pasado año y ahora el juez ha dictado este auto en el que da varios días de plazo a los encausados para que presenten alegaciones como paso previo a la apertura del juicio oral. La principal prueba para incoar este procedimiento abreviado es que el exconcejal socialista presentó durante el periodo de instrucción una grabación de aproximadamente media hora, en la que se recogen los términos en los que el entonces alcalde, Quico Fernández, y la edila de Hacienda, Teresa Garcia, «chantajeaban» a Crispín por su negativa a dar el visto bueno a las cuentas. La transcripción de esa conversación es el núcleo principal de este auto de 14 páginas emitido el pasado miércoles.
Sobre los procesados, Sergio Moreno, alejado de la vida pública desde que abandonó su condición de concejal al no obtener representación la candidatura de Podemos que encabezaba, reconocía haberse enterado de su procesamiento por medio de Levante-EMV y ha declinado hacer valoraciones.
Mientras, Fernández, que sigue siendo concejal del Ayuntamiento de Sagunt con responsabilidad de gobierno y portavoz municipal de Compromís, y Garcia, diputada autonómica y directora general de Emprendimiento y Cooperativismo, han coincidido en que «no compartimos el espíritu del auto y, cuando lo analicemos con más profundidad, ejerceremos los recursos que establece la ley».
«Se aprovecharon del complot»
Este primer triunfo de Crispín en un procedimiento, «que será largo», le ha hecho también pasar cuentas a su antiguo partido, al que acusa de «utilizar este complot para aprobar mi suspensión de militancia en un tiempo récord». Ese paso impidió al exconcejal presentarse a las primarias que iban a decidir el cabeza de lista socialista para las últimas elecciones municipales.
«Como ya había ganado dos veces al candidato oficial -en ese proceso interno- tenían pánico -en referencia a la secretaría de organización y al área de relaciones institucionales y acción territorial del PSPV- de que me presentara y pudiera desbancar a Darío Moreno», quien a la postre fue el cabeza de cartel y permitió recuperar la alcaldía de Sagunt para los socialistas. Crispín incluso habla del «interés de Ximo Puig en colocar a Moreno, quien entonces era jefe de gabinete de la consellera Gabriela Bravo».
