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Lafarge deberá pagar 9,3 millones por sobrepasar los límites de la cantera de Sagunt

La cementera asumirá los costes de restauración, después de que la Justicia rechazara sus últimos recursos

Cantera Salt del Llop de Sagunt Levante-EMV

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, como antes había hecho el Tribunal Supremo, ha rechazado el recurso de Lafarge contra la sentencia que condena a la cementera de Sagunt por sobrepasar el perímetro de la cantera del Salt del Llop. De esta forma, la multinacional deberá hacerse cargo del coste de la restauración de los cerca de 23.000 metros cuadrados que explotó pese a estar fuera de la concesión.

Estos trabajos consistirán en la reposición del terreno excavado, el vallado cinegético del límite de la parcela, el relleno de tierra vegetal y la plantación de arbolado y especies arbustivas autóctonas con el fin de devolver a esta zona su estado previo. Según las estimaciones del consistorio, que ejecutará la actuación de forma subsidiaria, estas tareas ascenderán a unos 9,3 millones de euros.

Además de destacar que los últimos pronunciamientos judiciales no admiten recurso, así que la sentencia adquiera firmeza, el concejal de Urbanismo de Sagunt, Quico Fernández, señala que este falló permitirá subsanar el daño "no sólo medioambiental, sino también patrimonial", ya que Lafarge "estaba explotando unos recursos que no tenía concedidos y son propiedad de toda la ciudadanía. Esperamos que todo continúe como está previsto -añade el exalcalde- y se restaure la legalidad urbanística".

Fernández agradece el trabajo del departamento jurídico municipal y el consultor externo, al tiempo que advierte que "se valorarán otros incumplimientos en materia ambiental" para cumplir con "nuestro deber como administración de preservar los intereses de toda la ciudadanía".

Desde el Ayuntamiento de Sagunt se ha recordado que en octubre de 2016 fue cuando los técnicos de Urbanismo detectaron esta invasión de una importante superficie calificada como suelo no urbanizable protegido, lo que constituía una infracción urbanística y ambiental muy grave. Desde entonces, el consistorio ha impuesto su criterio en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de València, el TSJ y el Supremo. Fuentes municipales confirman que el siguiente paso será redactar el proyecto de restauración y concretar el presupuesto de las obras.

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