El exalcalde y el exteniente de alcalde de Quartell, Francisco Huguet y Emilio Máñez, han recibido como un jarro de agua fría la reciente decisión del Tribunal Supremo de ratificar su condena a 2 años y medio de prisión por un asunto que nunca pensaron que les iba a acarrear semejante pena: La contratación simulada de Máñez por parte de la empresa pública Imelsa como coordinador de brigada forestal cuando, en realidad, ejercía de asesor de Huguet mientras éste era diputado; una irregularidad que fue práctica habitual en Imelsa durante años, también conocida como la de «los zombis» de la firma pública por tener una función sobre el papel que luego no desempeñaban.
Tras analizar el fallo de Supremo, Huguet y Máñez creen que se han visto vulnerado su derecho a la igualdad de trato, al descartarse que fueran equiparables a su caso otras sentencias del Supremo a su juicio «similares», pero que acabaron con un resultado muy diferente: El de la absolución.
Por ello, han decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional en menos de 30 días y pedir a la vez la suspensión de la ejecución de las penas hasta que se resuelva este recurso. Así lo confirmaba a preguntas de Levante-EMV su abogado, Ramón Sáez, quien admitía que «están afectados» tras conocerse que el alto Tribunal ratificaba el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) de octubre de 2020, que a su vez confirmó la sentencia de la Audiencia Provincia de Valencia donde se les condenó a 2 años y medio de cárcel así como a devolver conjuntamente a la empresa pública los salarios cobrados indebidamente por Máñez como asesor de Huguet desde abril de 2005 a agosto de 2007, más el finiquito, es decir, casi 75.000 euros.
El varapalo recibido es mayúsculo teniendo en cuenta que, con una condena de más de 2 años de prisión, siempre se debe cumplir la pena de cárcel por mucho que no se tengan antecedentes penales, como ocurre al que fuera durante 24 años todopoderoso alcalde de Quartell y a su mano derecha en el ayuntamiento.
Su condena contrasta además con que el gerente de Imelsa por esa época, Rafael Soler, se ha librado de cualquier responsabilidad ya que para él los hechos habrían prescrito; justo lo que estuvo a punto de pasar también a Huguet y a Máñez pero que, por desgracia para ellos, no acabó sucediendo.
Próximamente, el Constitucional deberá decir por el futuro de Huguet, quien fuera responsable comarcal durante años del PP, vicepresidente tercero de la Diputación de Valencia y secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), así como de su fiel Emilio Máñez.
