La Audiencia Provincial de València ha desestimado los recursos planteados por la defensa jurídica del exalcalde, Quico Fernández, y la exconcejala de Sagunt, Teresa Garcia, contra el procedimiento incoado a instancias del exedil socialista, Francisco Crispín, por un supuesto delito de coacciones en el que también está implicado el exconcejal de la marca local de Podemos, Sergio Moreno.
De esta forma, el procedimiento solo queda pendiente de ratificar el escrito de acusación para la apertura del juicio oral, después de que el juzgado haya reiterado que hay indicios suficientes de criminalidad. El auto emitido por la Audiencia Provincial no da margen de la presentación de más recursos, así que todo queda pendiente de que el juzgado de instrucción fije la fecha para el juicio, que se desarrollará en València.
Este caso arrancó cuando un gobierno municipal en minoría, compuesto por Compromís, ADN Morvedre y EU, trataba de aprobar los presupuestos de 2016, después de varios años de prórrogas con mandatos del PP. Antes de que los socialistas entraran en la coalición, aquel tripartito necesitaba de apoyos externos para dar luz verde a este expediente, mientras Crispín se negaba hasta que los socialistas entraran en el gobierno local. En este contexto y según denuncia Crispín «me amenazaron y extorsionaron con que, si no aprobaba los presupuestos, sacarían no sé qué facturas e irían a por mis hijos», en relación con un supuesto trato de favor a su despacho desde la dirección técnica de la concejalía de Actividades.
Esas coacciones «las cumplieron», según él, en forma de denuncia contra el exportavoz socialista, quien fue acusado por Moreno ante la UDEF de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, junto a otros cuatro técnicos del departamento. La Audiencia Provincial de València les absolvió, no sin que esta «conspiración» lograra el objetivo de «ensuciar mi imagen» y provocara su suspensión de militancia, lo que frenó sus aspiraciones de presentarse a las primarias de cara a las elecciones municipales de 2019.
Conversación grabada
La base fundamental de la denuncia de Crispín es una conversación de media hora con Fernández y Garcia que grabó y presentó al juzgado, en la que supuestamente queda demostrado el «chantaje» de los que entonces eran el alcalde y la concejala de Hacienda.
A la hora de pasar cuentas, el exportavoz municipal también señala al PSPV y especialmente a su secretario de organización, José Muñoz, a quien acusa de haber colaborado con su «linchamiento político» con el objetivo de dejar el camino libre al candidato oficial y actual alcalde, Darío Moreno. «Se aprovecharon del complot -señala Crispín- para aprobar mi suspensión de militancia en un tiempo récord».
El exalcalde y actual concejal de gobierno en Sagunt, Quico Fernández, no tardó ayer en reaccionar tras conocerse la apertura del juicio oral por un presunto delito de coacciones contra el exedil socialista, Francisco Crispín. El portavoz municipal de Compromís quiere matizar que este paso «no es más que la continuidad lógica de un proceso abierto tras una denuncia de este tipo». El nacionalista insiste en dejar claro que el procedimiento «no responde a una gestión irregular y mucho menos a un caso de corrupción, sino que arranca de un conflicto con motivaciones estrictamente políticas». A este respecto, Fernández reitera que «siempre hemos actuado dentro de la legalidad y en favor de la estabilidad y buena imagen de la institución que representamos». Además de destacar que la Fiscalía se posicionó desde el primer momento a favor del sobreseimiento del caso, el edil de Compromís espera que «el juicio se celebre cuanto antes para demostrar nuestra inocencia».
